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Santo Domingo — La organización Fuerza del Pueblo, a través de su Secretaría de Seguridad y Defensa, advirtió que el desvío de armamento de los inventarios militares y policiales dominicanos a grupos armados de Haití constituye una amenaza directa a la seguridad nacional y señaló posibles vínculos o colusiones entre esas bandas y ciertos sectores del Estado, lo que, según sus palabras, «vulnera los cimientos mismos del Estado».
El comunicado fue pronunciado por el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, vicesecretario de Seguridad y Defensa de la FP, en una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura.
Terrero, en representación del movimiento, manifestó su gran inquietud luego de la difusión del informe del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití, catalogado como S/2026/714 y fechado el 8 de septiembre de 2026, que señala que municiones dominicanas fueron desviadas hacia organizaciones criminales haitianas, resaltando a la banda 400 Mawozo como la principal receptora.
Según explicó, el documento de 95 páginas y 22 anexos indica en el anexo 18 la existencia de dos contratos firmados en 2022 entre la compañía colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército de la República Dominicana para la compra de municiones, y reporta que cartuchos con la marca ERD fueron encontrados en territorio haitiano.
«Este hecho gravísimo no se trata de un mero error administrativo; representa una amenaza clara y directa a la seguridad nacional», sostuvo la FP, advirtiendo que la situación pone en peligro la soberanía, la paz y la integridad territorial del país.
Frente a tales acusaciones, la Fuerza del Pueblo demandó una investigación profunda, independiente y transparente que permita seguir la cadena completa de custodia de las municiones, desde su origen hasta su destino final, identificar a los responsables y aplicar las sanciones legales pertinentes.
Asimismo, reclamó una «reestructuración absoluta» y el refuerzo de los sistemas de trazabilidad, almacenaje y control interno de los pertrechos y municiones, con el objetivo de erradicar cualquier brecha para la corrupción.
La entidad también solicitó la realización de una pesquisa de contrainteligencia para descubrir y neutralizar posibles redes de infiltración o vínculos ilícitos entre militares o policías y bandas criminales extranjeras.
Como parte de sus exigencias, propuso una colaboración total y proactiva con organismos internacionales, así como con autoridades haitianas y estadounidenses, para frenar y desmantelar las redes transnacionales de tráfico.
Terrero estuvo acompañado por varios vicesecretarios de Seguridad y Defensa y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre los que se encontraban oficiales retirados que habían ocupado altos cargos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En su carrera militar, el mayor general retirado ha desempeñado funciones como director de Inteligencia del Ejército (G2), jefe del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas, director de la Policía Nacional Electoral y comandante de cinco brigadas del Ejército de la República Dominicana.
Para cerrar, Terrero, en nombre de la Fuerza del Pueblo, reiteró el compromiso del movimiento con la seguridad nacional, la integridad de las instituciones militares y la defensa de los intereses del pueblo dominicano, e instó al Gobierno a brindar una «respuesta contundente y verdadera» sobre el desvío de municiones hacia las bandas haitianas.
