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En el marco del primer Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) se reunieron magistrados y un vocero del Ministerio Público para examinar los retos que plantea la reciente reforma del Código Penal en la República Dominicana.
El encuentro tuvo lugar el 30 de septiembre de 2026 en el Hotel Catalonia, situado en Santo Domingo, como parte de la programación prevista para esa jornada.
Entre los presentes estuvieron la jueza Ysis Muñiz Almonte, el magistrado Francisco Rodríguez, la magistrada Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y el abogado Daniel Julio Nolasco Olivo, bajo la dirección del moderador Freddy Ángel Castro.
Durante la mesa redonda se abordaron cuestiones como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los obstáculos que presentan las investigaciones, la forma de determinar las sanciones y el aprovechamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Ysis Muñiz Almonte puntualizó que la nueva normativa no es meramente una actualización técnica, sino una transformación que obliga a replantear la interpretación del derecho penal, particularmente frente a figuras jurídicas que suponen retos para los operadores del sistema. Analizó el concepto de “defecto de organización” como causa de responsabilidad empresarial y debatió la conveniencia de sancionar a la entidad sin precisar al individuo autor del delito, subrayando la importancia del Tribunal Constitucional en la resolución de dichos conflictos.
Francisco Rodríguez resaltó que el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del Ministerio Público para conducir investigaciones robustas, recabar pruebas y sustentar las acusaciones. Insistió en la necesidad de que los fiscales dominen las nuevas disposiciones y cuenten con el apoyo de contadores, economistas y peritos forenses, advirtiendo que la falta de recursos compromete la respuesta adecuada a las exigencias legales y a las expectativas de la ciudadanía.
Rosanna Isabel Vásquez Febrillet destacó la complejidad de aplicar las normas penales a lo largo del tiempo, enfatizando la obligatoriedad de fundamentar cada pena con un análisis exhaustivo. Señaló que la coexistencia de regímenes diferentes obliga a jueces, fiscales y abogados a mantenerse en permanente capacitación y resaltó que la incorporación de la responsabilidad penal de personas jurídicas exige la creación de protocolos internos de supervisión y verificación, sin perder de vista la revisión constitucional de las nuevas disposiciones.
Daniel Julio Nolasco Olivo defendió la ampliación del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos como vía para descongestionar los tribunales y ofrecer respuestas más ágiles. Criticó la cultura dominante del litigio que alarga innecesariamente los procesos y propuso que, cuando la normativa lo permita, se priorice la celebración de acuerdos y otras vías no contenciosas para restaurar la confianza ciudadana en la justicia.
El moderador, Freddy Ángel Castro, planteó interrogantes sobre la extensión de los expedientes, el cumplimiento de los plazos procesales y el rol de los jueces frente a los acuerdos entre las partes, impulsando un debate centrado en la calidad de las investigaciones y la necesidad de respuestas judiciales oportunas y bien fundamentadas.
En conclusión, los asistentes coincidieron en que la puesta en práctica del nuevo Código Penal no dependerá únicamente del texto legal, sino también del fortalecimiento técnico de jueces, fiscales y demás actores, de la disponibilidad de recursos adecuados y de la aplicación rigurosa de las normas respetando las garantías procesales.
El seminario se configuró como un espacio de reflexión sobre los cambios legislativos y los retos institucionales que enfrenta la administración de justicia en la República Dominicana.
