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Autoridades federales de los Estados Unidos han presentado cargos contra 28 residentes extranjeros en California, alegando que se inscribieron y emitieron su voto de forma ilegal en elecciones estadounidenses, en el marco de una operación nacional contra el voto de personas sin ciudadanía.
El Departamento de Justicia informó este lunes que todos los acusados son residentes permanentes legales que no poseen la ciudadanía estadounidense, condición que les impide participar en procesos electorales federales. Entre los delitos señalados se encuentran la presentación de formularios de registro falsos y la inclusión de datos falsos en solicitudes de naturalización.
La investigación, denominada “Proteger el Voto”, se llevó a cabo en las cuatro fiscalías federales que cubren el estado de California y forma parte del impulso de la administración republicana para eliminar irregularidades electorales antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.
Esta ofensiva federal se desarrolla en medio de una disputa más amplia entre Washington y las autoridades californianas sobre quién controla los registros electorales y cómo se verifica la ciudadanía de los votantes.
En una rueda de prensa celebrada en Los Ángeles, Trent McCotter, fiscal general adjunto interino, defendió las acciones judiciales y sostuvo que permitir que personas no ciudadanas voten perjudica tanto a los votantes estadounidenses como a la integridad del proceso electoral.
“Esto causa un daño real a las elecciones reales y un daño real a los ciudadanos estadounidenses,” afirmó McCotter.
No obstante, los estudios existentes indican que el voto de no ciudadanos es un fenómeno escaso en EE.UU., de difícil comprobación y que no ha demostrado alterar de forma determinante los resultados de las elecciones.
Rob Bonta, fiscal general demócrata de California, desmintió la idea de un fraude electoral generalizado en un estado con cerca de 23 millones de votantes registrados, admitiendo casos aislados pero describiéndolos como “una gota en el océano” frente al padrón total.
Bonta también cuestionó la evidencia presentada por el gobierno federal, manifestando su confianza en que California prevalecerá en cualquier litigio futuro.
Según él, la administración Trump no ha entregado datos concretos sobre votantes que no cumplen los requisitos legales, sino solo conclusiones que, a su juicio, carecen de sustento probatorio.
A nivel nacional, el Departamento de Justicia anunció este lunes que ha presentado cargos contra 113 personas en 20 estados durante las últimas semanas por delitos vinculados al voto y a la inscripción electoral.
Esa cifra engloba diversas infracciones, desde falsificaciones en el registro hasta manejos ilícitos de boletas.
Previo a esta oleada, las autoridades federales habían informado de alrededor de 90 acusaciones en lo que va del año, incluyendo a unas 50 personas que presuntamente votaron sin ser ciudadanos estadounidenses.
La presente ofensiva coincide con la exigencia del DOJ de que los estados entreguen información detallada de sus registros electorales, incluyendo fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y los últimos dígitos de la Seguridad Social.
Algunos estados han colaborado de manera voluntaria, mientras que el gobierno federal ha interpuesto demandas contra 30 estados y el Distrito de Columbia para obligar la entrega de dichos datos.
Aunque California no suele considerarse un estado decisivo en las elecciones presidenciales, alberga varias contiendas reñidas por escaños en el Congreso que podrían influir en el control de la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato de Trump.
El viernes, el Departamento de Justicia envió una carta a las autoridades electorales de California advirtiendo que quienes procesen deliberadamente papeletas emitidas por personas sin derecho a voto podrían enfrentar sanciones penales.
La comunicación, firmada por McCotter, indica que facilitar o ignorar conscientemente una infracción electoral federal puede derivar en investigaciones y procesos judiciales.
Dicha advertencia fue dirigida a la oficina del asesor legal del condado de Los Ángeles, con copias para la secretaria de Estado de California y el registrador electoral del condado.
