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El 20 de octubre, la autoridad rusa informó que el agravamiento de la presión sobre Cuba, motivado por la política estadounidense, podría desestabilizar toda la región de Latinoamérica y el Caribe.
«La intensificación adicional de la situación en torno a la Isla de la Libertad, que atraviesa tiempos extremadamente difíciles relacionados con un bloqueo comercial, económico, financiero y energético sin precedentes, puede provocar la desestabilización de la situación en toda la región de Latinoamérica y el Caribe», declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa.
El organismo diplomático de Moscú advirtió que, de producirse un estallido social en la isla, sería probable una emigración masiva de cubanos hacia los países limítrofes, lo que desencadenaría una amenaza de crisis social en esas naciones.
Dicha advertencia surgió después de que un juez de Miami emitiera una orden de captura contra el histórico dirigente cubano y expresidente Raúl Castro.
Moscú manifestó su rotundo rechazo y condenó enérgicamente esa orden, describiéndola como una acusación sin fundamento y fabricada, presentada más de treinta años después de los hechos de febrero de 1996.
La Cancillería rusa subrayó que la valoración política y jurídica de ese episodio quedó consignada en la resolución 1067 (1996) del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual no incluye llamamientos a responsabilizar a ninguna persona, lo que indica que el organismo, incluidos EE.UU., consideró el caso cerrado.
«La presentación de una acusación infundada y fabricada más de 30 años después no parece otra cosa que la venganza del ‘lobby’ anticubano de Miami, el deseo de ajustar cuentas con Castro, quien cumplió 95 años en junio», afirmó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.
Rusia relacionó esta decisión judicial con los sucesos ocurridos a principios de este año en Venezuela, donde el presidente fue secuestrado en clara violación de normas y principios del derecho internacional. En ese marco, la Cancillería reiteró su solidaridad inquebrantable con el gobierno cubano y expresó su confianza en que el pueblo cubano y sus dirigentes responderán con dignidad a este nuevo ataque de detractores extranjeros.
El 24 de febrero de 1996, dos avionetas fueron derribadas sobre el estrecho de Florida por cazas de la Fuerza Aérea cubana, provocando la muerte de cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
Durante tres décadas, Estados Unidos ha sostenido falsamente que los fallecidos eran civiles inocentes en una misión humanitaria, pero diversas pruebas refutan esa versión; la organización fue fundada en Miami por José Basulto en 1991.
La versión oficial estadounidense describió a los involucrados como un supuesto «disidente cubano» que asistía a sus compatriotas a llegar a EE.UU., sin embargo la evidencia muestra una prolongada campaña paramilitar contra la Revolución cubana bajo dirección de la CIA, con participación en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y en numerosas operaciones encubiertas, algunas de ellas admitidas públicamente.
Desde 1994, el grupo ‘Hermanos al Rescate’ inició incursiones en territorio cubano para realizar actos subversivos, como la distribución de panfletos y propaganda antigubernamental sobre La Habana. Dos años después, en enero de 1996, infiltró a un equipo de una cadena de televisión estadounidense para transmitir en directo mientras sus aeronaves sobrevolaban la capital cubana.
Ante estos hechos, la Cancillería cubana envió 25 notas diplomáticas a la administración del entonces presidente Bill Clinton, con el objetivo de alertar sobre las continuas violaciones del espacio aéreo y exigir la revocación de licencias a esos pilotos. A pesar de las advertencias, las autoridades estadounidenses siguieron aprobando los planes de vuelo y permitiendo la salida de las aeronaves de forma sistemática.
