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La Procuraduría General y la Dirección General de Migración identificaron que existían impedimentos de salida asociados a procesos ya concluídos, a registros desactualizados y a fallos administrativos, revisando expedientes que datan desde 1990.
En Santo Domingo, se comunicó que más de 56,140 controles migratorios fueron suprimidos del registro nacional luego de una inspección conjunta que constató la inexistencia de fundamento judicial vigente o la consecución del objetivo legal correspondiente.
La medida fue impulsada por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien instó al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, a conservar únicamente los impedimentos respaldados por una sentencia judicial en vigor.
El análisis abarcó datos ingresados entre 1990 y 2026, periodo durante el cual se fueron acumulando expedientes que nunca fueron actualizados de oficio, incluyendo procesos judiciales finalizados y alertas sin identificación clara de los sujetos involucrados.
Según los funcionarios, esos registros podían seguir generando restricciones a los viajeros aun cuando las causas legales originales hubieran desaparecido, provocando bloqueos injustificados en los aeropuertos.
La depuración, que se extendió por más de medio año, contó con una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración, la cual priorizó tres categorías: archivos sin base legal, documentos históricos sin identificación adecuada y aquellos cuyo objetivo ya se había cumplido.
La orden indica que cualquier control de esa naturaleza debe ser eliminado, sin importar cuál entidad lo haya insertado inicialmente, con el fin de subsanar fallas administrativas que vulneran el derecho constitucional al libre tránsito.
Aunque se informó del número de impedimentos retirados, no se precisó cuántas personas resultaron afectadas en sus viajes, cuántas presentaron reclamaciones por posibles pérdidas económicas, ni la proporción exacta entre errores administrativos y procesos judiciales concluidos.
Las autoridades anunciaron que seguirán revisando la base de datos hasta culminar la depuración total y que, paralelamente, están desarrollando una nueva plataforma de interoperabilidad que permitirá coordinar la imposición y cancelación de impedimentos entre ambas instituciones, con puesta en marcha prevista para diciembre de 2026.
El procedimiento se sustenta en la Ley nº 200 sobre Impedimentos de Salida y en las normas constitucionales que garantizan la libertad personal y el derecho a desplazarse, buscando evitar que decisiones judiciales cumplidas o registros carentes de fundamento sigan limitando los viajes de los dominicanos.
