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Santo Domingo – La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló graves fallas técnicas, legales y financieras en el plan de extracción de sedimentos de la zona trasera de la presa de Hatillo, situada en el río Yuna, y exigió la detención inmediata de cualquier actividad hasta que se aclaren las discrepancias entre los volúmenes autorizados, los contratos firmados y el aprovechamiento comercial del material.
El titular de la secretaría, Paino Abreu Collado, explicó que el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), permite retirar 100,000 metros cúbicos de sedimento en un periodo de seis meses. Sin embargo, tres convenios suscritos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen la extracción de 1,330,694 metros cúbicos, cifra que supera en más de trece veces lo autorizado.
Abreu enfatizó que la diferencia adquiere mayor relevancia al considerar el valor comercial de la grava y arena que se pretenden obtener. Según los cálculos de la fuerza política, el aprovechamiento de dichos recursos podría generar aproximadamente RD$1,000 millones, una vez deducidos los costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y venta. Frente a ese panorama, cuestionó la falta de un mecanismo claro, competitivo y transparente que garantice una mayor participación del Estado en los beneficios.
El dirigente señaló que la FP reconoce la necesidad de recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses mediante la remoción de sedimentos, pero insistió en que la operación se lleve a cabo bajo criterios técnicos, ambientales y económicos totalmente transparentes. Añadió que aún no se ha definido un esquema que asigne una parte de los ingresos a la protección y recuperación de las cuencas hidrográficas, cuya degradación favorece la acumulación de sedimentos.
En este contexto, la secretaría demandó una revisión urgente, tanto técnica como jurídica, del permiso y de las condiciones de ejecución del proyecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, solicitó que EGEHID suspenda cualquier actividad de extracción, traslado y entrega de material hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y publique sus conclusiones, y requirió a la Dirección de Medio Ambiente que explique por qué el proyecto no fue catalogado como categoría A, conforme a la Resolución 0025‑2024.
Abreu informó que la FP ha pedido a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que investigue posibles infracciones a la Ley 64‑00, a la Dirección General de Contrataciones Públicas que revise el procedimiento EGEHID‑CCC‑LPN‑2025‑0015, y a la Cámara de Cuentas que audite la ejecución de los contratos y los ingresos económicos generados.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo solicitó una veeduría ciudadana independiente, involucrando a las comunidades ribereñas del Yuna, representantes de la Iglesia y del ámbito académico. Además, respaldó la petición de información pública presentada por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega, quienes exigen acceso a los contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y pruebas de consultas comunitarias vinculadas al proyecto.
Al concluir su intervención, Paino Abreu reiteró que la organización no se opone a la limpieza de la presa de Hatillo, sino a que esa necesidad ambiental se realice sin la claridad necesaria sobre los volúmenes, los controles y los beneficios para el Estado. “El río Yuna no puede seguir siendo una cantera y la cola de Hatillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco. Que se publiquen las cuentas, y que cuadren”, afirmó.
