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Reclama una planificación correcta, respaldo a los productores y consideración de las preferencias de los consumidores.
Santo Domingo – El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) indica que la discusión sobre la liberalización del mercado del arroz debe trascender los aranceles y enfocarse en la seguridad alimentaria, la tutela del consumidor y la capacidad nacional para proveer alimentos frente a eventuales crisis internacionales.
Al ser una isla, nuestra alimentación depende mayormente del transporte marítimo y aéreo para recibir productos del exterior; una interrupción por conflicto, emergencia sanitaria o catástrofe natural pondría en riesgo la disponibilidad de alimentos para la población.
Esa inquietud no es una dramatización, sino una pieza esencial de la planificación estratégica de un país que reconoce su vulnerabilidad geográfica.
Según el Ministerio de Agricultura, la República Dominicana ha demostrado una notable capacidad productiva de arroz: la cosecha de 2024 superó los 14 millones de quintales y se proyecta que en 2025 alcance aproximadamente 14.8 millones.
Los choques internacionales de cereales ocurridos en 2008 y 2011 sirven como referencia; el impulso a la producción local redujo la dependencia externa y nos blindó frente a esos shocks. La seguridad alimentaria no puede basarse exclusivamente en un comercio internacional sin interrupciones.
ONPECO señala que la coyuntura actual era previsible. El calendario de desgravación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR‑CAFTA) preveía que el arroz llegaría a arancel cero en 2025, lo que debía anticipar políticas para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de la producción nacional.
En diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 693‑24, que establecía medidas arancelarias para regular la importación de arroz. No obstante, en septiembre de 2026, mediante el Decreto 635‑26, esa norma fue derogada, obligando a que se explique públicamente qué acciones se tomarán para salvaguardar la capacidad productiva del país y evitar que los costos de la transición recaigan sobre productores y consumidores.
ONPECO reconoce la obligación de cumplir los acuerdos internacionales, pero también afirma que cumplir compromisos comerciales y proteger la seguridad alimentaria nacional requiere una política pública coherente, previsora y transparente. El Estado debe detallar cómo garantizará que la apertura comercial no debilite una actividad agrícola esencial para la economía y la alimentación dominicanas.
El Observatorio insta a robustecer no solo la producción de arroz, sino también la de otros cultivos alimentarios en territorio nacional, facilitando financiamiento, mejorando el acceso a tecnología, reforzando sistemas de riego, promoviendo seguros agropecuarios, apoyando a pequeños y medianos productores y creando mecanismos adecuados de almacenamiento y reservas.
Escuchar al consumidor es fundamental. Los dominicanos estamos habituados al arroz local: conocemos su textura, su forma de cocción y sus particularidades. Estas preferencias forman parte de nuestros hábitos cotidianos y deben ser tenidas en cuenta en cualquier decisión comercial.
No se trata de afirmar que todo arroz importado sea inferior, sino de reconocer que el consumidor tiene derecho a información clara sobre origen, calidad y características del producto, y a que sus preferencias sean consideradas. La competencia debe ofrecer opciones sin desatender el valor de la producción nacional ni los hábitos alimentarios de la población.
ONPECO exhorta a las autoridades a convocar un diálogo transparente que incluya a productores, comerciantes, especialistas y organizaciones de consumidores, con el objetivo de definir medidas concretas que fortalezcan la producción arrocera y diversifiquen la oferta alimentaria nacional.
Proteger la producción nacional no implica cerrar las puertas al comercio, sino evitar que nuestra alimentación quede expuesta a decisiones y acontecimientos que escapan a nuestro control.
La seguridad alimentaria debe constituir una política de Estado, no una respuesta improvisada ante cada crisis. El arroz dominicano forma parte de nuestra mesa, de nuestra economía y de nuestra capacidad para enfrentar el futuro con mayor autonomía.
