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El secretario de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo, Héctor Acosta, destacó que durante las administraciones del exmandatario Leonel Fernández la República Dominicana alcanzó una capacidad productiva de arroz que cubrió la demanda interna y generó excedentes para la venta al exterior, gracias a políticas públicas enfocadas en fortalecer la producción, garantizar la rentabilidad de los agricultores y estabilizar el mercado del cereal.
En una declaración del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, Acosta subrayó los resultados del Programa Nacional de Pignoraciones, implementado en 2006, al cual atribuye avances notables en la producción arrocera y en la estabilidad económica de miles de familias que laboran en este sector.
Según explicó el dirigente, dicho programa aseguró la compra de la cosecha nacional por parte de las factorías, incrementó la rentabilidad tanto de productores como de molineros, estabilizó la comercialización y mantuvo precios accesibles para los consumidores dominicanos.
Los indicadores comenzaron a reflejar mejoras a partir de 2007, cuando el país demostró que podía producir todo el arroz que consumía y, con el tiempo, alcanzó volúmenes que le permitieron generar excedentes exportables, incluso durante periodos de crisis alimentaria a nivel mundial.
Acosta señaló que en 2008 la República Dominicana exportó 660,000 quintales de arroz, en 2009 la cifra fue de 500,000 quintales y en 2012 se llegó a 880,000 quintales, con un apoyo estatal cercano a los RD$ 3,000 millones, según los datos citados en la declaración.
El funcionario añadió que esos resultados estuvieron acompañados por avances tecnológicos, mayor mecanización, modernización de factorías y silos de almacenamiento, así como por el desarrollo de variedades de arroz más productivas, con mejor calidad de cocción y mayor aceptación entre los consumidores locales.
Asimismo, recordó que en 2006, bajo la gestión de Leonel Fernández, el Gobierno realizó un pago único de aproximadamente RD$ 1,000 millones para saldar una deuda acumulada con el subsector arrocero, correspondiente a compromisos pendientes de la administración que concluyó en agosto de 2004.
Acerca de los retos actuales, Acosta criticó la inclusión del arroz en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR‑CAFTA), suscrito en 2004, calificándolo de un error histórico debido a las marcadas desigualdades competitivas entre los productores dominicanos y sus homólogos estadounidenses.
Explicó que esas disparidades se deben al tamaño de las áreas cultivadas, al nivel tecnológico, a la mecanización, a los costos de producción y, sobre todo, a los abundantes subsidios que reciben los agricultores de EE. UU., factores que impiden una competencia en igualdad de condiciones.
El secretario también cuestionó la autorización, en 2024, de la importación de 4.7 millones de quintales de arroz libres de aranceles, frente al contingente de 512,600 quintales establecido por el DR‑CAFTA para ese mismo año, según los números presentados por la organización.
Acosta sostuvo que esas importaciones han perjudicado la comercialización del arroz nacional, afectando especialmente a pequeños y medianos productores, cuyas cosechas han encontrado obstáculos para ser recibidas y procesadas por las factorías locales.
Asimismo, criticó la derogación del Decreto 693‑24 mediante el Decreto 635‑26, publicado en septiembre de 2026, y advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno no han disipado la incertidumbre que vive la cadena arrocera nacional, compuesta por productores, molineros, transportistas, proveedores de insumos, comerciantes y consumidores.
Acosta recordó que más de veinte provincias del país dependen directa o indirectamente de la producción y procesamiento del arroz, por lo que consideró imprescindible buscar soluciones negociadas que fortalezcan la competitividad del sector y garanticen su sostenibilidad frente a los compromisos comerciales internacionales.
En ese marco, reiteró que, por instrucciones del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se creó una comisión especializada, liderada por el Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, para consultar a los productores y diseñar propuestas de políticas públicas orientadas a un Plan de Competitividad Arrocera.
Finalmente, Acosta informó que los resultados y propuestas que surjan de este proceso serán presentados oportunamente a la nación, con el objetivo de aportar soluciones al futuro de la producción arrocera dominicana.
