Según fuentes periodísticas, el magistrado Humberto Otazú, responsable del Juzgado de Garantías de Delitos Económicos en Paraguay, dictó el pasado 7 de noviembre una orden de detención preventiva contra el exmandatario Santiago Peña, quien enfrenta cargos por presunto abuso de confianza y gestión en beneficio propio dentro del proceso de Ueno Bank.
La medida será ejecutada en el Regimiento de la Escolta Presidencial, la unidad militar encargada de salvaguardar al presidente, su familia y a los expresidentes. El tribunal tomó en cuenta que Peña había sido removido de su cargo recientemente por el Congreso, a raíz del escándalo financiero que lo involucra.
Esta resolución se produce después de que la Fiscalía General de Paraguay formalizara la imputación contra Peña y contra Carlos Carvallo, quien fuera presidente del Banco Central, por los mismos hechos y, adicionalmente, por la elaboración de documentos públicos falsos en el caso de este último. Ambos ofrecieron sus declaraciones investigativas antes de que el Ministerio Público solicitara la medida cautelar, proceso que también afecta a otras 27 personas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad bancaria.
El origen de la crisis se remonta a la decisión del Banco Central de iniciar un procedimiento de resolución contra Ueno Bank, motivado por graves dificultades financieras que paralizaron sus operaciones y perjudicaron a millones de clientes. Las acusaciones contra Peña incluyen su vínculo accionario anterior con el conglomerado que controlaba el banco, la designación de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de aproximadamente 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social en la entidad, operaciones cuya legalidad fue cuestionada.
Peña ha rechazado todas las acusaciones y mantiene su inocencia frente a los cargos que se le atribuyen.
