Leonel Fernández, dirigente de Fuerza del Pueblo, señaló que la burocracia está inmovilizando inversiones inmobiliarias y turísticas que suman cerca de US$20,000 millones por la ausencia de los permisos necesarios.
En una reunión con empresarios y representantes productivos de la provincia La Altagracia, el exmandatario indicó que algunos promotores de Punta Cana esperan hasta cinco años por una respuesta de las entidades encargadas de autorizar la obra.
«20,000 millones de dólares están congelados desde hace cinco años porque no se otorgan los permisos de construcción. Eso es una vergüenza. A la gente se le dice sí o no, pero no se debe esperar cinco años para eso», manifestó Fernández.
El político recordó que la actividad constructiva es uno de los motores esenciales de la economía dominicana y advirtió que los retrasos administrativos están frenando la llegada de capital, la generación de empleo y el dinamismo de los destinos turísticos.
Propuso crear una normativa que obligue a los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, entre otras instituciones, a contestar las solicitudes dentro de plazos fijos, introduciendo el concepto de silencio administrativo positivo, de modo que la falta de respuesta sea considerada como autorización.
Indicó que el Tribunal Superior Administrativo podría intervenir para resolver los conflictos que surjan por la aplicación de esa medida, siempre respetando los estudios ambientales y la protección de áreas protegidas, agrícolas y ganaderas, y pidió que el Gobierno delimite claramente los espacios aptos para nuevas inversiones.
Fernández también criticó la lentitud de las instituciones públicas, señalando que la ausencia de respuestas abre la puerta a prácticas irregulares, y afirmó que eso refleja ineptitud, ineficacia o corrupción, pues favorece negociaciones bajo la mesa.
En la misma intervención, cuestionó la política de endeudamiento del Ejecutivo, señalando que gran parte del presupuesto se destina al gasto corriente (90 % de cada cien pesos) y solo un 10 % a inversión de capital, lo que, según él, no es una buena gestión.
Adicionalmente, denunció las políticas de importación que, según su visión, perjudican a los productores locales y limitan su competitividad en el mercado interno.
El encuentro reunió a diversos representantes de los sectores económico y profesional de La Altagracia, quienes expresaron sus inquietudes sobre permisos de obra, infraestructura, seguridad ciudadana, competitividad y acceso a servicios básicos.
