El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, bajo la dirección de Eddy Alcántara desde marzo 2021, anunció que ha incinerado y eliminado cerca de siete millones de artículos que no cumplen con los requisitos sanitarios.
Según la entidad, los bienes fueron incautados mediante operativos de inspección y vigilancia ejecutados en distintas provincias del territorio nacional, tras detectar fallas en su calidad, inocuidad, higiene y documentación sanitaria.
Alcántara puntualizó que esas acciones forman parte del plan institucional para salvaguardar la salud de los dominicanos y impedir la venta de productos que vulneren la normativa vigente.
Las revisiones se han centrado mayormente en comercios del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, Bahoruco, El Seibo, Valverde, Sánchez Ramírez, Peravia, Duarte, Puerto Plata, La Vega y San Pedro de Macorís, entre otras áreas.
Durante esas jornadas, los equipos inspeccionaron supermercados, colmados, almacenes, mercados, cafeterías y puestos informales, verificando las condiciones de almacenaje y venta de los artículos.
Entre las anomalías halladas se encontraban productos vencidos, alimentos descompuestos, envases oxidados o abollados, ausencia de etiquetado, presencia de plagas y mercancías adulteradas o falsificadas.
Los ítems decomisados incluyeron arroz, habichuelas, pastas, sardinas, harinas, chocolate, leche enlatada, sopas instantáneas, mantequilla, quesos, jugos, salsas, pañales desechables, preservativos, toallas sanitarias, bebidas alcohólicas, cigarrillos, estimulantes y artículos para adultos.
Alcántara también resaltó la lucha contra la falsificación y la comercialización de mercancías de origen irregular, recordando operativos realizados en julio y septiembre en coordinación con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), con la participación del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) y otras entidades reguladoras, que lograron confiscar cerca de 20 toneles de alimentos vencidos y adulterados en almacenes clandestinos de San Cristóbal.
El director aseguró que los equipos de inspección continúan con operativos permanentes en todo el país, tanto por iniciativa propia como por denuncias de consumidores, y que Pro Consumidor seguirá identificando irregularidades, retirando los productos que no cumplan la normativa y destruyéndolos conforme a los protocolos establecidos.
Finalmente, el funcionario invitó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente fechas de vencimiento, estado de los envases y la información de las etiquetas antes de comprar, a estar atentos a señales de deterioro o alteraciones en los empaques, y a usar los canales de denuncia de Pro Consumidor para reportar cualquier situación que represente un riesgo para la salud o vulneración de sus derechos.
