El Ministerio Público presentó nuevos detalles sobre las presuntas irregularidades detectadas en los contratos firmados entre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la empresa Khersum, S.R.L., propiedad del empresario Eduardo Read Estrella. Aunque el primer acuerdo entre ambas partes data del año 2016, la institución acusadora señala que fue a partir de la llegada de Santiago Hazim como director ejecutivo cuando comenzaron a realizarse múltiples adendas y un “aumento desproporcionado e irregular” en la cantidad de afiliados, lo que generó un incremento extraordinario en los montos a pagar.
Según la solicitud de medida de coerción contra los 10 implicados en el caso, el contrato inicial para la “compra y venta de servicios de salud”, firmado el 1 de septiembre de 2016, recibió modificaciones sin criterios técnicos que justificaran los nuevos montos ni la cantidad de beneficiarios. De acuerdo con la investigación, los pagos iniciaron en 2020 con un monto de RD$285,000, ascendiendo luego a RD$5,000,000.00, después a RD$65,000,000.00 y posteriormente aumentando de manera acumulada a más de RD$3,882 millones entre agosto de 2020 y agosto de 2025.
El informe detalla que estos incrementos se realizaron mediante la manipulación del pago por capitación, que pasó de RD$45.00 a RD$130.00, combinado con una supuesta ampliación injustificada del número de afiliados. Entre las irregularidades identificadas figuran: inefectividad de los servicios contratados, ausencia de estándares mínimos de calidad, falta de verificación de los servicios facturados y múltiples pagos sin evidencia de ejecución.
Además, el Ministerio Público establece que Senasa otorgó a Khersum cuatro adendas —una de ellas con apenas 12 días de diferencia— y firmó dos contratos adicionales en 2022 y 2023, ambos para los mismos servicios. De igual forma, la Auditoría Médica Forense realizada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en septiembre de 2025 confirmó indicios de irregularidades contractuales, fallas técnicas, actos fraudulentos y violaciones a la Ley 87-01.
Las autoridades destacan también que se emitieron pagos mensuales de RD$5,000,000.00 por servicios de telemedicina para una población estimada en dos millones de afiliados, sin evidencia objetiva de ejecución. A esto se suma el desembolso de RD$62,270,000.00 en 2023 sin justificación documental.
El Ministerio Público subraya que estos hallazgos configuran un presunto desvío de recursos públicos con alto impacto financiero y reafirma que continuará ampliando las investigaciones para identificar responsabilidades administrativas, civiles y penales dentro de Senasa y otras instituciones vinculadas.
