Las denuncias por presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional volvieron a la atención pública esta semana, con protestas, marchas y reclamos de familiares que exigen justicia por muertes y actuaciones que atribuyen a miembros de la institución. En apenas unos días, al menos cuatro casos reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza policial y los protocolos de actuación de los agentes.
Uno de ellos fue el de Miguel Antonio Lucas Paredes, cuyos familiares marcharon este jueves con su féretro hasta el destacamento de la Policía Nacional en San Cristóbal para exigir que se esclarezca su muerte. Según denunciaron, el hombre fue detenido el 8 de julio por un capitán adscrito a la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) bajo la sospecha de estar vinculado a la venta ilegal de números de lotería y permaneció varios días bajo custodia.
La familia sostiene que durante su detención presentó fiebre, denunció haber sido golpeado y no recibió atención médica. Cuando fue entregado a sus parientes, aseguran, se encontraba en estado crítico y falleció poco después en un hospital. La Policía Nacional informó que espera los resultados de la autopsia para determinar la causa del deceso y aseguró que las investigaciones continúan.
Otro caso que volvió a generar manifestaciones fue el de Rawel Sierra, un joven con autismo que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una protesta por apagones en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este. Familiares y allegados realizaron una concentración frente a la Fiscalía de esa demarcación para exigir que se identifique y someta a la justicia al agente que, según afirman, disparó contra el adolescente.
Los manifestantes denunciaron que, pese a que han transcurrido varias semanas desde el hecho, aún no reciben información sobre avances concretos en la investigación.
Las críticas a la actuación policial también llegaron desde el ámbito político. El presidente del Concejo de Regidores de Los Alcarrizos, Rafael Hernández, anunció una jornada de protestas para denunciar los presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía Nacional en ese municipio.
El edil aseguró que la decisión responde a las constantes quejas de residentes que afirman haber sido víctimas de actuaciones irregulares durante intervenciones policiales, situación que, según dijo, mantiene preocupada a la comunidad.
A estos casos se suma la controversia generada por un operativo policial realizado en la vivienda de una mujer que se hizo viral tras aparecer presuntamente portando un arma larga mientras enfrentaba a varias ciudadanas haitianas en el municipio de Guerra.
El procedimiento fue cuestionado en redes sociales luego de difundirse videos en los que supuestamente se observa a agentes ingresar a la residencia sin exhibir una orden judicial. También surgieron señalamientos sobre la ausencia de un representante del Ministerio Público y de una agente femenina durante la intervención, aspectos que hasta el momento no han sido confirmados por la Policía Nacional.
Estos hechos se producen apenas dos semanas después de la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien falleció tras recibir un disparo realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante una intervención policial en La Cañada de Guajimía.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, el agente disparó al joven cuando este se acercó a reclamar la propiedad de una motocicleta que estaba siendo requisada. El hecho quedó registrado en un video que provocó indignación y desencadenó protestas de residentes de la comunidad, quienes bloquearon calles y quemaron neumáticos para exigir justicia.
Tras ese caso, la Policía Nacional sometió al cabo a la justicia e informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución.
La sucesión de estos episodios mantiene bajo escrutinio a la Policía Nacional, mientras familiares de las víctimas y distintos sectores continúan reclamando investigaciones transparentes y sanciones en los casos donde se comprueben actuaciones contrarias a la ley.
