ENTRE2NEWS
Raúl Martínez, quien forma parte de la Dirección Política y ocupa el cargo de secretario de Asuntos Jurídicos en la Fuerza del Pueblo, presentó ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) una solicitud oficial para iniciar una investigación sobre la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales, en el contexto de un proceso judicial que afecta terrenos ubicados en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
La petición se origina tras la difusión de una investigación realizada por fuentes periodísticas, la cual señala que el Estado dominicano tendría que desembolsar RD$2,693.9 millones por 117,937.80 metros cuadrados de suelo, después de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocara la caducidad del recurso de casación que la entidad había interpuesto para impugnar la condena.
Martínez afirmó que, considerando las sumas involucradas, el hecho no puede reducirse a un simple error administrativo. Exigió que se aclare quién estaba a cargo del expediente, cuáles eran los mecanismos de supervisión vigentes y por qué el plazo legal se cumplió sin que se ejecutaran las acciones necesarias para mantener vigente el recurso.
“Estamos hablando de casi RD$2,700 millones que tendrá que pagar el pueblo dominicano. Cuando una actuación o una omisión de servidores públicos tiene consecuencias de esta magnitud para el patrimonio del Estado, existe la obligación de investigar, identificar responsabilidades y explicar al país qué ocurrió”, manifestó Martínez.
De acuerdo con la información citada por el dirigente, el Tribunal Superior Administrativo había establecido mediante una resolución el monto que debía pagar a los herederos de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales discrepó de esa valoración, alegando que el balance actualizado rondaba aproximadamente a (cifra no especificada). No obstante, la Suprema Corte de Justicia no pudo analizar esos argumentos porque el recurso de casación había quedado perentado.
El desfase entre ambas cifras supera los RD$2,500 millones, lo que, según Martínez, hace aún más necesaria una investigación administrativa independiente, ya que el Estado quedó impedido de controvertir judicialmente una diferencia de tal magnitud. La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte que había declarado extinguido el recurso, y el dirigente señaló que durante tres años no se realizó la actuación procesal requerida para impulsar el expediente.
Frente a este escenario, el político solicitó a la DIGEIG identificar a los funcionarios, abogados y responsables administrativos que dieron seguimiento al caso en ese periodo, determinar si existieron fallas de supervisión, negligencia u otras conductas que generaran responsabilidad administrativa, y verificar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas oportunamente y qué controles institucionales existían para proteger los intereses patrimoniales del Estado. “Los recursos del Estado son recursos de los ciudadanos. No es admisible que miles de millones de pesos puedan perderse por una actuación procesal y que simplemente se pase la página sin determinar qué ocurrió y quién tenía la responsabilidad de impedirlo”, declaró.
Finalmente, pidió que la DIGEIG actúe de oficio y publique los resultados de cualquier averiguación, asegurando: “Este caso requiere respuestas. El país tiene derecho a saber cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin la actuación procesal necesaria para defender los intereses del Estado”.
