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La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la masacre ocurrida el 23 de agosto en Kenscoff, zona periférica de Puerto Príncipe, evidencia la brutalidad con que las pandillas armadas actúan contra la población, una violencia alimentada por la constante entrada de armas y municiones de procedencia ilícita.
El hecho dejó al menos 47 personas fallecidas y 22 heridas; sin embargo, se inscribe dentro de una oleada de violencia que, entre abril y junio del presente año, cobró 1.408 vidas y dejó 656 heridos a causa de enfrentamientos vinculados a bandas. En el mismo lapso se registraron 326 casos de violencia sexual, aunque la ONU advierte que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al temor a represalias, el estigma social, la escasa accesibilidad a servicios de atención y la desconfianza en la Policía.
Según la organización, la disponibilidad de armamento se ha convertido en un elemento esencial para que las pandillas mantengan y amplíen su dominio territorial. En efecto, al día siguiente del ataque, una de las agrupaciones que opera en la capital mostró en sus redes sociales un nuevo cargamento de armas procedente del extranjero.
Este flujo de armas persiste a pesar del embargo que Naciones Unidas impuso a Haití en 2022. Ante esta realidad, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó a las autoridades haitianas reforzar la protección de la ciudadanía, garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre los abusos y violaciones, activar plenamente las unidades judiciales especializadas en crímenes masivos y desplegar la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF).
El desarrollo de estos acontecimientos continúa bajo la vigilancia atenta de los sectores involucrados.
