ENTRE2NEWS
El abogado Eddy Alcántara ha solicitado que se reevalúe el equilibrio entre los derechos que poseen los dominicanos y las exigencias que genera la actividad delictiva.
En su alocución destacó la necesidad imperiosa de introducir cambios tanto en la normativa procesal como en la legislación sectorial, con el objetivo de fortalecer la persecución y la imposición de penas contra el delito común y el crimen organizado.
Durante la segunda edición del Congreso Internacional de Derecho, que tuvo lugar en Puerto Plata bajo el tema “Estado constitucional, democracia y garantías fundamentales”, Alcántara recordó que el país cuenta ya con un Código Penal renovado que incluye conductas antes no tipificadas, pero subrayó que es crucial prestar atención al procedimiento que antecede a la sentencia definitiva.
El jurista enfatizó que los artículos que rigen los procesos judiciales deben volverse más rigurosos, de forma que los imputados por crímenes graves no puedan acceder fácilmente a la libertad bajo fianza o a la absolución definitiva.
Según su criterio, es indispensable revisar las normas procesales, particularmente en lo que respecta a los derechos individuales y colectivos, para que las instituciones encargadas de la vigilancia, persecución y sanción cuenten con los instrumentos adecuados frente al crimen organizado y a otras modalidades delictivas.
Aseguró que los parámetros de castigo están ya establecidos en el nuevo Código Penal, pero manifestó dudas respecto a las libertades que, a su entender, pueden derivarse de ciertos procedimientos previstos en la normativa procesal.
En esa línea, sostuvo que el marco actual podría crear circunstancias que incentiven la comisión de delitos al conceder garantías que, según sus palabras, “equiparan a quienes no infringen la ley con aquellos que resultan afectados por acciones contrarias a la normativa”.
Alcántara también propuso revisar la función de los funcionarios responsables de la vigilancia, persecución y sanción del delito, de modo que la legislación los obligue a actuar conforme a las responsabilidades propias de todo servidor público.
Durante su ponencia, el abogado, politólogo y comunicador describió al crimen organizado y a la delincuencia del siglo XXI como un reto complejo, alimentado por la lentitud legislativa, la corrupción institucional y el rezago tecnológico.
“Ante esta realidad, los Estados democráticos deben responder con firmeza, sin renunciar a sus principios fundamentales”, afirmó.
Para concluir, Alcántara dejó claro que una legislación robusta no es aquella que pisotea los derechos ciudadanos, “sino la que utiliza la inteligencia, la tecnología, la reforma policial y la mano firme contra la corrupción para combatir el crimen organizado”.
