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SANTO DOMINGO – El partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) constituye la principal amenaza ambiental del país, al cuestionar las políticas actuales y describir como innecesario el decreto ejecutivo que pretende sancionar ciertos delitos contra la naturaleza.
En un comunicado, el secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, el ingeniero Paíno Abreu Collado, señaló que el Gobierno intenta presentar como novedades medidas que ya están previstas en la legislación nacional. “¿Qué busca el presidente Abinader prohibiendo por decreto lo que ya está prohibido en la ley?”, interrogó.
Abreu recordó que el artículo 265 de la Ley 74‑25, que forma parte del nuevo Código Penal, establece penas de 20 a 30 años de prisión y multas equivalentes a 30‑40 salarios mínimos del sector público para quien, de manera intencional, provoque incendios que afecten bosques, reservas forestales, nacimientos de ríos, parques nacionales y demás áreas protegidas.
Según el dirigente, el verdadero problema no es la falta de normativa, sino la incapacidad de las autoridades para hacerla cumplir. Indicó que entre 2020 y 2025 se registraron 2 558 incendios, la mayoría provocados, y que en ese mismo periodo se contabilizaron 11 970 delitos vinculados exclusivamente a tala ilegal y a la creación de vertederos improvisados.
Precisó que esas cifras no incluyen infracciones por extracción de agregados, pesca sin permiso, tráfico de especies, ocupación de zonas protegidas, construcciones irregulares, contaminación acústica, entre otras. De todo ese cúmulo, solo se lograron 219 condenas, lo que representa menos del 2 %.
“El presidente Abinader se está haciendo experto en castigar delitos que ya están castigados y en presentarse como ‘ángel protector de las áreas protegidas’”, afirmó Abreu, citando como ejemplo las recientes disposiciones sobre las Cuevas del Pomier, un sitio que ya cuenta con protección bajo la Ley 202‑04.
El responsable del área ambiental del FP argumentó que, en vez de promulgar nuevas normas, el Ejecutivo debería destinar más recursos a la defensa del patrimonio natural, mejorar las condiciones laborales de guardaparques, guardabosques y bomberos forestales, y proporcionarles capacitación, equipamiento moderno y tecnología adecuada.
Abreu también propuso reactivar viveros y brigadas forestales, así como intervenir las cuencas hidrográficas con mayor índice de deforestación para reducir la erosión del suelo y potenciar su capacidad de retención de agua.
En cuanto a la política de permisos, criticó que las autoridades hayan flexibilizado los procedimientos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, mientras se han otorgado miles de autorizaciones y se han ejecutado proyectos estatales sin contar previamente con los permisos requeridos.
El opositor recordó que las leyes 64‑00 (Medio Ambiente y Recursos Naturales), 202‑04 (Áreas Protegidas) y el nuevo Código Penal ya contemplan mecanismos para perseguir y sancionar los ilícitos ambientales, y subrayó que el propio decreto aclara que “no se crea un nuevo tipo penal, ni modifica o amplía los elementos constitutivos de los delitos vigentes”.
“Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nada en absoluto”, concluyó.
Abreu describió la anunciada campaña contra el llamado “terrorismo medioambiental” como un simple ejercicio mediático y exigió explicaciones sobre la emisión de más de 3 000 licencias y permisos ambientales durante el año 2025.
Entre las acciones que consideró contradictorias con el discurso ecológico del Gobierno, enumeró un proyecto en la zona de la Loma Isabel de Torres, la instalación de barcazas eléctricas en Los Negros, Azua, restricciones de acceso a los 60 metros de playa en áreas hoteleras, modificaciones en los requisitos para proyectos estatales y el intento de intervenir terrenos del Jardín Botánico Nacional.
“Si de lo que se trata es de condenar los delitos ambientales como terrorismo, quien se lleva las palmas es el actual ministro de Medio Ambiente”, manifestó.
Para cerrar, el secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo reiteró que el Gobierno debe enfocarse en fortalecer las instituciones, prevenir los daños al entorno y garantizar la aplicación efectiva de las leyes ya existentes para salvaguardar los recursos naturales de la República Dominicana.
