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La Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) se manifestó en contra del cobro de RD$380 mil que la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) pretendía imponer por la entrega de información pública vinculada a los trabajadores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). La entidad señaló que fijar precios para acceder a esos datos podría crear un precedente que entorpezca la fiscalización ciudadana.
El economista y especialista en seguridad social, sostuvo que resulta inadecuado exigir pago por información que, por mandato legal, es de acceso libre; advirtió que una medida de esa naturaleza sería excluyente y abriría la puerta a que, en el futuro, funcionarios del SDSS establezcan tarifas que limiten el acceso a datos de interés general.
El conflicto tiene su origen hace más de un año, cuando el Grupo Panorama presentó una solicitud ante la SIPEN amparándose en la Ley 200‑04 de acceso a la información pública, con el fin de obtener cifras sobre la cantidad de trabajadores con cuentas inactivas en el Sistema de Capitalización Individual (SCI). La superintendencia rechazó inicialmente la petición, argumentando que la información estaba protegida por la normativa de datos personales.
Ante la negativa, Panorama interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Los abogados de la SIPEN solicitaron al tribunal que declarara inadmisible el recurso, alegando que la difusión de los datos podría vulnerar la protección legal de los afiliados. Panorama replicó que la información requerida no contenía identificación individual de los afiliados. El TSA desestimó la solicitud de inadmisibilidad y calificó la petición como “notoriamente procedente”, al tratarse del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ordenando a la SIPEN entregar los datos solicitados.
El superintendente de Pensiones explicó que la información demandada implica un esfuerzo técnico considerable. Conforme a lo indicado a la FSSPT, el propio TSA reconoció en abril pasado esa limitación tecnológica y dispuso el cobro correspondiente, sin precisar aún el plazo de entrega. Torres, vocero de la SIPEN, resaltó la apertura informativa de la entidad, la modernización de sus estadísticas en tiempo real a través de su página web y la publicación de sus resoluciones. Además, aclaró que, desde la perspectiva de la SIPEN, no existen cuentas inactivas, pues los fondos de los afiliados que no cotizan continúan invertidos y generan rentabilidad mensual. La fundación advirtió que un pago de esa magnitud, sumado a una espera prolongada, podría excluir a organizaciones populares, sindicatos y demás entidades de la sociedad civil sin recursos para absorber costos elevados, lo que describió como una posible “privatización de la información pública”.
