La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) expresó su preocupación por el incremento sostenido de la prisión preventiva, una situación que continúa impactando negativamente la capacidad del sistema penitenciario para garantizar condiciones dignas de internamiento.
Al presentar un informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, Rodolfo Valentín Santos indicó que al cierre del año pasado la población penitenciaria nacional ascendía a 23,270 personas privadas de libertad, de las cuales 15,025 permanecían bajo prisión preventiva, equivalente al 64.57 %, mientras que 8,156 internos (35.43 %) cumplían condenas definitivas.
La capacidad instalada del sistema penitenciario dominicano es de 16,357 plazas, mientras que la población recluida alcanza las 23,270 personas, lo que representa una ocupación de 142.26 % y un excedente de 6,913 internos sobre la capacidad real de los recintos penitenciarios.
“En otras palabras, las cárceles del país albergan un 42.26 % más de personas de las que están diseñadas para recibir, una situación que agrava las condiciones de vida de los internos y dificulta la gestión penitenciaria”, dijo.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles, explicó que, como consecuencia de esta realidad, numerosos privados de libertad continúan durmiendo en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.
El informe también documenta importantes deficiencias en los servicios de salud, falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de la salud mental, carencias alimentarias y escasez de vehículos para realizar traslados judiciales y hospitalarios.
Asimismo, califica como preocupante la situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron identificados problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
Avances que merecen reconocimiento
No obstante, la Defensa Pública reconoció importantes avances, entre ellos el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penitenciarios y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación para la población privada de libertad.
También destacó las gestiones encaminadas a la construcción de un nuevo centro para adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, destinado a garantizar mejores condiciones de atención y protección integral.
