En el marco del undécimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) protagonizaron un ataque con bombas molotov y vandalización frente al Palacio de Justicia de Iguala, en el estado de Guerrero, la tarde de este sábado.
Alrededor de las 16:00 horas locales (22:00 GMT), los manifestantes descendieron de 13 de los 36 autobuses que transportaban a los grupos y rodearon las instalaciones, donde se guardaban videos clave del 26 y 27 de septiembre de 2014, fechas en las que los normalistas fueron desaparecidos.
Según los informes, los jóvenes intentaron derribar la barda perimetral y, utilizando camionetas de la empresa Marinela, lanzaron los portones del edificio. Además, encendieron tres vehículos, generando columnas de humo visibles desde varios puntos de la ciudad, mientras que un grupo de cinco hombres lanzaba piedras desde un puente hacia los autobuses de los manifestantes.
Justifican actos
El acto de vandalización fue justificado por los manifestantes como una protesta ante la falta de justicia y transparencia en el caso, así como para exigir la entrega de los videos retenidos desde los hechos ocurridos hace 11 años. La retención de estas grabaciones provocó, en mayo pasado, la detención de la magistrada Lambertina Galeana Marín, quien era presidenta del Tribunal Superior de Justicia en ese momento.
En paralelo, familiares de los 43 estudiantes realizaron un mitin en la estela en memoria de Julio César Mondragón Fontes, asesinado y torturado el 27 de septiembre de 2014, y posteriormente se trasladaron a los obeliscos de los lugares donde murieron Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Critican impunidad
Durante el acto, Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los estudiantes, calificó la situación como un acto de “hartazgo ante tanta injusticia e impunidad” y aclaró que sus manifestaciones no son provocaciones, sino exigencias de verdad y justicia.
La movilización, que reunió a madres, padres y estudiantes de la FECSM, pone nuevamente sobre la mesa la impunidad que persiste tras más de una década de la desaparición de los normalistas, uno de los casos de violación a derechos humanos más emblemáticos de México.
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