Abogados del gobierno de Estados Unidos dicen que han superado todos los obstáculos necesarios para enviar a Kilmar Ábrego García a Liberia y le pidieron a un juez federal que rescinda una orden que bloquea su deportación.
La deportación errónea de Ábrego García a su natal El Salvador previamente este año ha ayudado a galvanizar la oposición a las políticas de inmigración del presidente Donald Trump. Sus abogados dicen que ahora el gobierno está manipulando el sistema de inmigración para castigarlo por impugnar con éxito esa deportación.
Una moción del gobierno presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Maryland el viernes por la noche dice que las autoridades han recibido garantías de Liberia de que Ábrego García no enfrentaría persecución ni tortura allí. Además, dice que un agente de inmigración escuchó las afirmaciones de Ábrego García de que él temía ser deportado a la nación de África Occidental, pero de todas maneras falló en su contra.
Sus abogados argumentan en un documento separado presentado el viernes que Ábrego García ya ha dicho que Costa Rica es un país al que está dispuesto a ser deportado. Alegan que ahora el gobierno debe enviarlo allí. El hecho de que las autoridades sigan intentando deportarlo a otros países es evidencia de que el proceso es una represalia y viola las protecciones del debido proceso, argumentan.
Ábrego García tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección para no ser deportado de regreso a su país natal, al encontrar que enfrentaba peligro allí. Pero en marzo, fue deportado a El Salvador de todos modos, en lo que un abogado del gobierno dijo más tarde que fue un error administrativo. Ante la presión de los tribunales, el gobierno lo trajo de vuelta a territorio estadounidense en junio, pero desde entonces ha estado intentando deportarlo a un tercer país.
Gran parte de la argumentación de Ábrego García contra su deportación a Liberia se basa en reclamos de debido proceso. El gobierno intenta desmantelar dichos reclamos, alegando que sus derechos de debido proceso no son los mismos que los de un ciudadano estadounidense. Debido a que ingresó al país ilegalmente, debería ser tratado igual que alguien que acaba de cruzar la frontera, según dicen.
Mientras tanto, sus abogados alegan que “los ‘extranjeros que han establecido vínculos en este país’ tienen mayores derechos de debido proceso que ‘un extranjero en el umbral de entrada inicial’”, y citan un caso de la Corte Suprema federal de 2020.
Como parte de sus derechos de debido proceso, sus abogados también dicen que tiene derecho a que un juez de inmigración revise la afirmación del agente de inmigración de que es improbable que Ábrego García sea perseguido o torturado en Liberia. Argumentan que el agente debería haber tomado en cuenta el hecho de que Liberia podría volver a deportar a Ábrego García a El Salvador. Y dicen que el gobierno liberiano sólo ha acordado aceptarlo de manera temporal.
Los abogados del gobierno señalan que tienen garantías de Liberia que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio considera suficientes. El tribunal no puede cuestionar esa conclusión porque eso significaría intervenir en la diplomacia extranjera, un ámbito que le corresponde al poder ejecutivo, argumentan.
“Por lo tanto, este Tribunal debería rescindir su orden judicial preliminar y permitir que el peticionario sea retirado a Liberia”, señalan.
Por separado, Ábrego García enfrenta cargos de tráfico de personas en un tribunal federal en Tennessee. Se ha declarado inocente y le ha pedido al juez que desestime el caso, alegando que los cargos son resultado de una “acusación selectiva o vengativa”. El 8 de diciembre habrá una audiencia sobre esa moción.
