El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que las instituciones dominicanas “están haciendo sus funciones de control”, al referirse al sometimiento realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) sobre el presunto cartel de proveedores que habría amañado licitaciones en los Comedores Económicos del Estado y el Plan Social de la Presidencia.
Ante una pregunta de la periodista Stephany Larios de Diario Libre en La Semanal con la Prensa sobre las empresas de Munir Kury y familiares de funcionarios involucrados en el caso, Abinader respondió que “lo importante es que las instituciones dominicanas están haciendo sus funciones de control, como Contrataciones. Yo tengo que esperar para respetar el debido proceso”.
En las últimas semanas, el programa de investigación N Investiga ha realizado varios reportajes sobre las implicaciones de este denominado cartel de proveedores, una red de más de 30 empresas habría operado durante años manipulando procesos de licitación pública para concentrar contratos millonarios en instituciones del Estado como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, según revela un expediente depositado la semana pasada ante la Procuraduría General de la República por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría.
Caso Cartel de los Proveedores:
A propósito del expediente depositado por la Procuraduría sobre un cártel de proveedores, en su mayoría vinculadas a Munir Manuel Kury Hazoury, se suman irregularidades que van más allá del expediente depositado por la Dirección de Contrataciones Públicas, entre ellas, cinco contratos por excepción otorgados a Kury Limited en dos instituciones dirigidas por hermanos, un alquiler aprobado por Indotel con un costo por metro cuadrado superior al de su antigua sede, y la entrada simultánea de tres empresas vinculadas a Munir Manuel Kury en licitaciones millonarias de los Comedores Económicos, incluyendo procesos de emergencia tras la tormenta Melissa.
Uno de los hallazgos más relevantes es la concentración de contratos por excepción otorgados a Kury Limited, empresa propiedad de los hermanos Munir, Crismarie y Cristian Manuel Kury Hazoury. Desde mayo de 2024, la compañía ha sido beneficiada con más de 85 millones de pesos en cinco adjudicaciones, cuatro de ellas bajo la modalidad de “proveedor único”, todas relacionadas con inmuebles ubicados en la Plaza Mall 77, en la avenida Gregorio Luperón.
Mientras Kury Limited acumula adjudicaciones por excepción, un segundo hallazgo inquietante surge de los procesos de compras del Plan Social y los Comedores Económicos: la participación simultánea de tres compañías vinculadas directa o indirectamente a Munir Manuel Kury Hazoury en varias licitaciones de alto valor.
La primera es Interseas Dominicana SRL, registrada desde 2018, con una actividad comercial de 118 bienes y servicios que coincide ampliamente con Tingley Business, una de las empresas previamente señaladas en el cártel original. Ambas comparten accionistas —Robert Antonio Lizardo Lizardo y Robert Antonio Lizardo Matos— y la misma dirección en Los Prados. Todo indica que, tras los cuestionamientos públicos, Tingley migró su operación hacia Interseas para continuar compitiendo en procesos de compras públicas.
La segunda empresa es Academia Superior de Pilotos Aspadom SRL, creada en 2022 pero registrada como proveedora del Estado en 2024. Su objeto social comprende 89 líneas comerciales que van desde equipos de laboratorio hasta panadería y medicamentos. Una de sus socias, Leidy Laura Castillo Méndez, fue empleada de Inversiones Q-Tek —empresa del entramado— y desde 2020 trabaja en Kury Limited, lo que vincula directamente a Aspadom con la estructura empresarial de los Kury.
La tercera empresa es Mediterráneo Investment SRL, propiedad directa de Munir Manuel Kury. Registrada en julio de 2024, ha acumulado más de 4,500 millones de pesos en adjudicaciones en apenas 16 meses, extendiéndose desde Comedores Económicos hasta instituciones como EGEHID, INAIPI, INABIE, OPRET y PROPEEP.
Las tres compañías han coincidido en una licitación de alimentos por 476 millones de pesos, en otro proceso para desechables por 15 millones —cuyo fallo ha sido aplazado tres veces— y en una licitación de emergencia por 969 millones para ayuda humanitaria tras la tormenta Melissa, amparada en el decreto 627-25.
