La joven Josefina Encarnación denunció públicamente que ha sido víctima de las irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), tras recibir una prótesis presuntamente defectuosa que agravó su estado de salud y la mantiene nuevamente postrada en cama, sin recursos para continuar su tratamiento médico.
Encarnación, quien padece falcemia homocigota desde su nacimiento, explicó que en 2019 fue diagnosticada con necrosis avascular, una condición que provoca la muerte progresiva del tejido óseo. A raíz de ese diagnóstico, fue sometida a cirugías de reemplazo de cadera: la derecha en 2019 y la izquierda en 2021.
- Según relató, en 2020 su seguro SeNaSa le aprobó una prótesis que supuestamente era de titanio. Sin embargo, aseguró que al ser intervenida quirúrgicamente hace un mes, los médicos comprobaron que la pieza estaba oxidada, lo que derivó en una grave infección ósea.
“En el 2020 cuando me aprobaron la prótesis en mi seguro SeNaSa. Supuestamente era una prótesis de titanio, pero lamentablemente cuando me operaron hace 1 mes, esta estaba oxidada”, denunció.
La joven enfatizó que el material implantado nunca debió presentar ese deterioro. “Señores, el titanio no se oxida, pero sí, yo estaba expuesta a tantas cosas, tanto así que cuando sacaron la prótesis de mi cuerpo, mis huesos estaban infectados”, afirmó.
Asegura SeNaSa ya no le cubre medicamentos básicos ni calmantes
Encarnación explicó que, debido a esta situación, debe someterse a una nueva cirugía, pero carece de los recursos económicos para costearla. Indicó que, además, su seguro ya no cubre medicamentos básicos ni calmantes, alegando falta de cobertura.
“Estoy aquí en cama, recién operado, tengo simplemente un mes como les estaba diciendo, pero ¿qué pasa?, tengo que operarme de nuevo, pero ¿dónde? Yo no tengo dinero. No tengo dinero para hacerlo”, expresó.
En su testimonio, la joven vinculó su caso a los investigados actos de corrupción dentro del sistema de salud pública. “Porque lamentablemente, los funcionarios de mi país se estaban embolsillando todo. Estaban gastando nuestro dinero en lujos, en placeres, en todo, mientras nosotros estamos recibiendo diagnósticos y tenemos que conformarnos con lo que el seguro supuestamente puede cubrir”, sostuvo.
- Encarnación afirmó que su denuncia no solo busca una solución personal, sino representar a otros pacientes en condiciones similares. “Y hoy levanto la voz también en nombre de todos aquellos que no pueden hacerlo”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Abinader para que intervenga en el caso y garantice justicia.
“Señor presidente, por favor, no permita que su pueblo se lance a la calle de mala manera. Hagan justicia, háganos creer que verdaderamente en este país se hace justicia”, concluyó, al tiempo de insistir en que su situación debe ser atendida con urgencia.
Las medidas de coerción por el caso
- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del SeNaSa, Santiago Hazim, y otros seis imputados, señalados por el Ministerio Público como parte de un presunto entramado de corrupción administrativa que habría provocado un desfalco superior a los 15,000 millones de pesos en perjuicio de la ARS estatal.
Junto a Hazim, la medida de coerción fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público de aplicar medidas menos severas a tres de los diez imputados, luego de que estos admitieran haber recibido sobornos y manifestaran su disposición de colaborar con la investigación.
En ese grupo figuran Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, a quienes se les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. Al empresario Eduardo Read Estrella se le ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida.
Asimismo, el juez Sena declaró el proceso como caso complejo, atendiendo a la magnitud de los hechos imputados, la cantidad de involucrados y el volumen de la investigación en curso.
