Luego de haber sido aprobado este miércoles por el Senado de la República, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, deberá ser conocido este jueves por la Cámara de Diputados.
La iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental para generar nuevos ingresos y captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, con el objetivo de mitigar el impacto que la crisis internacional ejerce sobre las finanzas públicas.
Los diputados integraron la comisión bicameral que estudió el proyecto y, al menos de manera pública, no han expresado objeciones. Además, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con una amplia mayoría calificada que le permitiría aprobar la pieza si es presentada en la sesión de este jueves.
Según el Poder Ejecutivo, el plan para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y garantizar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y los programas de protección social.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la estructura de ingresos fue diseñada bajo una premisa clara: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni su tasa ni su base imponible; mantener sin cambios la mayor parte de los impuestos selectivos aplicados a combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones; y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas cargas tributarias.
La principal medida de consolidación fiscal contempla una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) empresarial, que elevaría temporalmente la tasa a 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Este segmento agrupa poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8 % del total.
A esta medida se suman el incremento del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 %, la creación de un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores, el aumento de la tributación sobre casinos y juegos de azar, así como un incremento de diez dólares al impuesto sobre los pasajes aéreos.
MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN
Hacienda sostiene que el proyecto fortalece los mecanismos de control fiscal al habilitar la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones realizadas por contribuyentes informales, ampliar las retenciones del ISR en sectores de difícil fiscalización, introducir sistemas de trazabilidad para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorgar al Ministerio de Hacienda y Economía facultades para objetar decisiones vinculadas a leyes de incentivos cuando estas generen riesgos fiscales.
La iniciativa también incorpora medidas destinadas a reducir la presión fiscal sobre los sectores de menores ingresos. Entre ellas figura la actualización por inflación del mínimo no imponible del ISR para personas físicas, que pasaría de RD$34,685.00 a RD$39,900.00, monto que, según el Gobierno, cubre el costo de la canasta familiar correspondiente al segundo quintil de ingresos.
Asimismo, aumenta la deducción por gastos educativos de 25 % a 30 %, porcentaje que podrá alcanzar hasta 50 % cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas disposiciones entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas, que representan el 78 % de las compañías que reportaron ISR en 2025, se eliminarían los anticipos del impuesto. Las pequeñas empresas pasarían de realizar 12 pagos al año a solo tres, mientras que el sector agropecuario quedaría exento tanto de anticipos como del impuesto a los activos.
ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS HISTÓRICOS
Tal como había adelantado el Ministerio de Hacienda, el proyecto contempla la derogación de varios tributos considerados obsoletos. Entre ellos figuran el impuesto a las hipotecas, vigente desde 1890; el impuesto a los fósforos, establecido en 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966.
También se eliminarían gradualmente los impuestos aplicados a la constitución de compañías y al seguro de vida, medidas que el Gobierno considera favorables para la competitividad y la formalización económica.
El criterio rector de la propuesta, según la presentación realizada por Magín Díaz, es: «Comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado».
El funcionario explicó que en 2025 el gasto corriente se redujo en 0.5 % del PIB, mientras aumentó el gasto de capital. Asimismo, aseguró que el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, al representar el 0.099 % del PIB y el 0.52 % del gasto total entre 2021 y 2025.
Durante ese mismo período, sostuvo que la Ley de Responsabilidad Fiscal fue cumplida de manera holgada en su primer año de aplicación, lo que permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México e inferiores a las de Colombia, registrando los márgenes más bajos de su historia para instrumentos comparables.
