La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en una sesión extraordinaria, en dos discusiones consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La pieza legislativa fue aprobada con modificaciones, por lo que regresa al Senado de la República, donde había sido aprobada la semana pasada.
Entre los cambios más relevantes figura una nueva clasificación de los aportes para las personas jurídicas, según sus ingresos anuales.
La propuesta dispone que las empresas con ingresos entre 700,000,001 y 1,000 millones de pesos aporten 750,000 pesos; las que perciban entre 1,000,000,001 y 2,500 millones de pesos paguen 1.7 millones de pesos, y las que superen los 2,500 millones de pesos contribuyan con 2.2 millones de pesos.
Además, crea una nueva categoría para las personas jurídicas con ingresos de hasta cinco millones de pesos, cuyo aporte será de 5,000 pesos.
Estos montos son menores a los que aprobó el Senado de la República.
El texto aprobado establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
La contribución especial a que hace referencia el texto deberá realizarse de acuerdo a los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.
