El dirigente del Colegio de Periodistas, quien también se desempeña como catedrático universitario, Pérez, manifestó que la República Dominicana requiere con premura la aprobación de un nuevo Código Penal, pero advirtió que la normativa no debe prever penas de prisión para los casos de difamación, pues esas disposiciones atentan contra la libertad de prensa y el ejercicio de la comunicación.
Pérez expresó su inquietud ante la posibilidad de que el proyecto sea sancionado sin que se realicen modificaciones sustanciales en los artículos que contemplan sanciones privativas de libertad para periodistas y comunicadores, insistiendo en que cualquier reforma penal debe garantizar plenamente el derecho a informar y a opinar sin miedo a ser encarcelado.
Según el presidente del gremio, los delitos vinculados a la difamación pueden ser perseguidos mediante mecanismos civiles, pero rechazó que el Estado recurra al encarcelamiento como medida punitiva, argumentando que la prisión no tiene cabida en una legislación moderna que pretenda salvaguardar las libertades fundamentales.
“La difamación ilícita ya está contemplada en el ordenamiento jurídico y puede ser sancionada. Lo que rechazamos es que se establezcan penas de cárcel para quienes ejercen labores de comunicación”, afirmó Pérez durante la entrevista.
El Colegio de Periodistas aclaró que su posición no busca eximir de responsabilidad a quienes incurran en difamación, sino impulsar la despenalización de los llamados delitos de opinión, sustituyendo las sanciones penales por mecanismos de reparación económica cuando correspondan.
Como alternativa, propuso que las faltas relacionadas con la difamación se castiguen exclusivamente mediante multas e indemnizaciones de carácter civil, evitando que periodistas o comunicadores sean privados de libertad por informaciones o comentarios realizados en el ejercicio de su profesión.
Además, informó que la entidad ha colaborado con expertos en derecho para elaborar una propuesta formal que será presentada ante las instancias correspondientes, con el objetivo de modificar los artículos cuestionados del proyecto legislativo.
Pérez explicó que la iniciativa persigue equilibrar el derecho al honor con la protección de la libertad de expresión, garantizando sanciones proporcionales sin vulnerar derechos fundamentales.
Finalmente, hizo un llamado a los miembros del gremio para que respalden los esfuerzos dirigidos a lograr una reforma que preserve el libre ejercicio periodístico y evite que controversias derivadas de la comunicación pública se traduzcan en procesos penales con penas de reclusión.
