La República Dominicana enfrenta una “pandemia vial” que no podrá resolverse únicamente mediante la construcción de nuevas infraestructuras, sino con mayor autoridad, educación ciudadana, aplicación efectiva de la Ley 63-17 y un sistema de transporte público capaz de reducir la dependencia del vehículo privado.
Así lo plantearon el diputado de la Fuerza del Pueblo Tobías Crespo; el senador Antonio Marte, del Partido Primero la Gente (PPG), y el ingeniero Aníbal Germosén, especialista en seguridad vial, durante el segundo programa especial “Balance: 16 miradas para el 16”, conducido por el periodista Félix Victorino.
El espacio examinó la situación de la movilidad y el transporte al cumplirse seis años del Gobierno del presidente Luis Abinader este 16 de agosto, así como los avances y las dificultades que persisten en el tránsito dominicano.
Germosén definió la situación como una “pandemia vial” y la comparó con la respuesta adoptada durante el covid-19. Según las cifras expuestas por el especialista, entre 2020 y 2022 fallecieron aproximadamente 4,000 personas por la enfermedad, mientras unas 8,000 murieron en las vías durante el mismo período, además resaltó que dichas cifras equivaldrían en al menos cinco fallecimientos por día.
“El país se paralizó por covid, pero resulta que ya el covid se fue, quedaron los siniestros viales y siguen dejando muerte”, manifestó. Con esa comparación reclamó que la seguridad vial sea tratada como una emergencia de salud pública y no como parte inevitable de la cotidianidad.
Germosén aseguró además que más del 70 % de las fatalidades viales involucra motocicletas y que, en períodos de alta movilidad como Semana Santa, la proporción ha alcanzado alrededor del 84 %.
También indicó que Accidentes RD recibe unos 35 reportes diarios, aunque la plataforma evita difundir todos los casos cuando las imágenes son especialmente sensibles.
Para Germosén, uno de los principales obstáculos es que las muertes viales han terminado incorporándose a la normalidad social, lo que reduce la percepción de urgencia y retrasa la adopción de respuestas institucionales proporcionales a la cantidad de víctimas registradas cada año.
Crespo sostuvo que el país debe apostar por la colectivización del transporte, debido a que los sistemas masivos resultan más seguros y eficientes que los medios individuales o de baja capacidad.
A su juicio, el servicio debe operar con frecuencia e itinerarios definidos, unidades en buenas condiciones, seguridad para los pasajeros y una tarifa asequible. Indicó que, mientras en otros países las personas destinan entre un 4 % y un 6 % de sus ingresos a movilizarse, en la República Dominicana ese gasto puede alcanzar entre un 20 % y un 30 %.
El diputado favoreció la integración tarifaria para que, mediante un mismo pasaje y durante un tiempo determinado, el usuario pueda combinar el Metro, el Teleférico, los autobuses de la OMSA, los corredores y las unidades operadas por el sector privado.
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Crespo afirmó que alrededor del 80 % del transporte público dominicano continúa en manos privadas y que los servicios ofrecidos por el Estado todavía no alcanzan el 20 % de la demanda.
Avances que todavía resultan insuficientes
Durante el panel de CDN37 y elCaribe, Germosén reconoció como avances la incorporación del Metro, los teleféricos, los autobuses y los corredores, aunque consideró que todavía hace falta ampliar la cobertura y mejorar la calidad del sistema.
El especialista afirmó que la República Dominicana continúa siendo señalada internacionalmente por sus problemas de tránsito y recordó que visitantes y atletas extranjeros se han llevado una impresión negativa por la forma en que se circula por las vías del país.
“Tenemos que apostar por un transporte público colectivo eficiente». Hace falta más manifestó, Germosen.
Al ser consultado por Victorino sobre qué ha impedido que el país avance en materia de movilidad, Crespo indicó que la infraestructura vial ha mejorado, pero advirtió que construir más carreteras no garantiza por sí solo seguridad vial ni un tránsito fluido.
El legislador señaló que también debe prestarse atención al comportamiento de los conductores, la falta de autoridad y el incumplimiento cotidiano de las normas. Asimismo, recordó que fueron anunciados 17 corredores de autobuses, cuyo desarrollo, a su juicio, no ha alcanzado el ritmo esperado.
Menos dependencia del vehículo privado
Marte consideró necesario comenzar a restarle espacio al vehículo privado para conceder mayor prioridad al transporte público colectivo.
El senador señaló que existen familias con cuatro o cinco vehículos circulando al mismo tiempo y sostuvo que el crecimiento constante del parque vehicular contribuye directamente a los taponamientos.
Durante el panel se indicó que el parque vehicular dominicano supera los seis millones de unidades y mantiene un crecimiento anual que puede oscilar entre un 3 % y un 7 %, con períodos en los que habría alcanzado hasta un 10 %.
Germosén explicó que reducir el uso del automóvil particular no significa prohibirlo, sino ofrecer alternativas capaces de convencer al ciudadano de dejarlo estacionado.
“Hay que desmotivar, no prohibir, el transporte privado”, expresó.
Para lograrlo, propuso habilitar estacionamientos disuasorios próximos a las estaciones e impulsar un sistema intermodal que permita a las personas llegar en su vehículo hasta un punto determinado y completar el recorrido en transporte colectivo.
Sobre las prioridades para los próximos diez años, Marte favoreció la ampliación del Metro y los autobuses, mientras Crespo sostuvo que el Teleférico cumple una función importante para trasladar a ciudadanos residentes en zonas elevadas, pero no constituye por sí solo una solución general para la movilidad urbana.
Multas impagas y denuncias de sanciones “fantasmas”
El cumplimiento de la Ley 63-17 también ocupó una parte central del debate. Crespo aseguró que antes de la entrada en vigor de la legislación apenas se pagaba el 3 % de las multas de tránsito y que posteriormente el porcentaje ascendió a un 35 %. No obstante, afirmó que el 65 % de las sanciones continúa sin ser pagado.
El diputado explicó que la normativa contempla medidas coercitivas para los infractores, entre ellas restricciones para renovar la licencia de conducir, obtener la póliza de seguro, realizar la inspección técnica vehicular o transferir la propiedad de un vehículo. Sin embargo, dijo que varias de esas disposiciones no han sido implementadas.
Crespo también denunció la existencia de las denominadas “multas fantasmas”, impuestas, según afirmó, a personas que no habrían cometido las infracciones registradas.
Como ejemplo, citó el caso de una mujer a quien supuestamente le fue colocada una multa mientras se encontraba en Estados Unidos. Por esa razón, pidió a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) auditar las actuaciones de sus agentes.
El legislador advirtió que algunas personas llegan a acumular hasta 30 multas vinculadas a su número de cédula y reclamó mecanismos que permitan comprobar si las sanciones fueron colocadas correctamente.
En cuanto al monto de las multas, los panelistas expresaron posiciones diferentes. Germosén favoreció sanciones más elevadas, mientras Marte sostuvo que el problema no consiste necesariamente en aumentarlas, sino en aplicar correctamente las establecidas por la legislación.
El senador consideró que las multas deben ser razonables y proporcionales a la infracción cometida. Crespo, por su parte, insistió en que el incumplimiento de la ley y la falta de consecuencias para los reincidentes debilitan cualquier intento de organizar el tránsito.
La dimensión de la crisis también fue vinculada con el bajo nivel de ejecución de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Crespo, quien participó en la elaboración de la normativa, afirmó que nueve años después de su promulgación “no se ha cumplido ni el 20 %” de sus disposiciones.
El diputado sostuvo que el problema no está en el contenido de la legislación, sino en la falta de aplicación. Recordó que su preparación requirió más de 5,000 horas de trabajo y unas 500 reuniones con sindicatos, operadores y otros sectores relacionados con el transporte.
“Fallamos en aplicarla”, expresó Crespo, quien atribuyó el rezago a la ausencia de voluntad política, recursos presupuestarios, inversiones, priorización y consensos.
Germosén mencionó entre los mecanismos pendientes, la licencia por puntos, las fotomultas, la educación vial y la inspección técnica vehicular. A su juicio, se trata de instrumentos capaces de modificar la conducta de los usuarios de las vías, pero que todavía permanecen “en papel”.
Educación y autoridad
Al ser cuestionados sobre si el principal problema dominicano es la falta de educación o de autoridad, Marte escogió la educación y Crespo se inclinó por el ejercicio de la autoridad. Germosén defendió la combinación de ambas.
Marte propuso ampliar las pruebas antidoping sorpresivas entre los choferes. Aseguró que los operadores interurbanos ya realizan esos controles a sus trabajadores sin previo aviso y señaló que, en una jornada efectuada en diciembre, alrededor del 2 % de las pruebas habría arrojado resultados positivos.
El senador también favoreció instalar dispensarios médicos en las terminales y dijo estar dispuesto a facilitar locales para esos espacios.
Germosén respaldó que los controles se realicen con mayor frecuencia y sin limitarlos a diciembre o Semana Santa, pues anunciar previamente las jornadas puede reducir su efectividad.
Los participantes también favorecieron la desaparición progresiva de los viejos carros de concho y su sustitución por flotillas organizadas que ofrezcan mayor seguridad y capacidad a los pasajeros.
En la parte final del programa, Victorino preguntó qué debería hacer el presidente Luis Abinader antes de 2028 para mejorar el tránsito y reducir las muertes en las vías.
Tras las respuestas de Marte y Crespo, Germosén pidió al mandatario “ponerse el traje de voluntad política”, cumplir los proyectos anunciados y hacer que se aplique la legislación vigente.
El programa concluyó con un llamado a reconocer que la crisis vial es una responsabilidad compartida entre las autoridades, los transportistas, los conductores, los motociclistas y los demás usuarios de las vías.
