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SANTO DOMINGO – Mario Holguín, quien dirige la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (Sesvialfp), ha puesto en tela de juicio la estrategia de movilidad que el Ejecutivo ha presentado, argumentando que, tras seis años de gestión, las inversiones en infraestructura y transporte deben traducirse en una caída marcada de muertes, lesiones graves y riesgos en las vías.
En un comunicado de prensa, Holguín reconoció la necesidad de fortalecer la conectividad nacional, reducir los tiempos de desplazamiento y desarrollar sistemas de transporte colectivo modernos; sin embargo, sostuvo que simplemente ampliar la capacidad vial, eliminar cuellos de botella y acelerar el flujo vehicular no basta para constituir una política pública de movilidad integral.
«Una infraestructura que permite llegar más rápido pero no garantiza llegar con vida no puede constituir el objetivo final de una política pública de movilidad».
El funcionario remitiéndose a la exposición del Gobierno en LA Agenda Semanal, destacó que se están trabajando 957 kilómetros de carreteras en obra, 220 puentes, circunvalaciones, pasos elevados y otras soluciones para descongestionar el tráfico, además de la ampliación del Metro, la incorporación de teleféricos y el proyecto del Monorriel de Santiago.
Según Holguín, una política de movilidad segura debe colocar a las personas en el centro del diseño de las obras, incorporando velocidades adecuadas, cruces protegidos, tratamiento correcto de intersecciones, protección para peatones y motociclistas, accesibilidad universal y condiciones que atenúen las consecuencias del error humano.
Por ello, consideró insuficiente medir los avances únicamente por los kilómetros construidos, puentes, elevados o capacidad instalada. Después de medio decenio, también corresponde explicar cuánto se han reducido las muertes y lesiones graves, cuántos puntos críticos se han corregido y cuánto ha mejorado la protección de peatones, motociclistas y demás usuarios vulnerables.
El alto dirigente subrayó que los problemas estructurales siguen presentes, como lo evidencian recientes planteamientos de organizaciones del sector transporte que reclaman horarios escalonados, ampliación de corredores, educación vial, movilidad eléctrica, renovación del parque vehicular, fortalecimiento del transporte colectivo, regulación del transporte pesado y acciones concretas para disminuir las fatalidades en las vías.
Holguín consideró relevante que actores del propio sector transporte sigan insistiendo en 2026 medidas que han formado parte de planes, anuncios y programas oficiales durante años, lo que a su juicio demuestra que aún no se ha consolidado una política integral, articulada y sostenible de movilidad segura.
El dirigente político informó que un levantamiento realizado por Sesvialfp identifica aproximadamente US$2,209.7 millones en préstamos internacionales contratados entre 2020 y agosto de 2026, vinculados directamente a movilidad, transporte, seguridad vial e infraestructura vial. Al sumar un financiamiento del BID de US$250 millones firmado a finales de 2019 pero vigente desde 2020, el total de recursos externos asociados al sector asciende a cerca de US$2,460 millones.
«El país necesita conocer qué resultados concretos está comprando con más de US$2,460 millones de financiamiento internacional», afirmó Holguín, quien exigió que los grandes proyectos transparenten sus presupuestos originales y actualizados, fuentes de financiamiento, modificaciones, plazos de ejecución, ahorros de tiempo y la reducción verificable de siniestros, fallecidos y lesionados graves.
Holguín aclaró que la Fuerza del Pueblo no rechaza el endeudamiento per se, pues un financiamiento externo puede ser conveniente cuando permite construir la infraestructura necesaria y genera beneficios sociales superiores al costo. Lo que debe evaluarse, según él, es la combinación de deuda, retrasos, modificaciones, incrementos de costos y los resultados obtenidos.
Asimismo, recordó que en este período han pasado por el organismo regulador del tránsito y el transporte cinco directores, lo que consideró una señal de la inestabilidad institucional que ha acompañado los intentos de reforma y que ayuda a explicar por qué ciertas iniciativas son anunciadas, reformuladas o reiniciadas sin lograr la continuidad requerida.
El dirigente reiteró su apoyo a la construcción de infraestructuras esenciales para el desarrollo nacional, a la modernización del transporte colectivo y a las inversiones que produzcan beneficios comprobables para la ciudadanía. No obstante, sostuvo que las obras terminadas, los proyectos en marcha y las metas futuras deben evaluarse también por sus costos y, sobre todo, por los resultados que generan para la población.
«Después de seis años ya no basta decir cuánto se construye. El Gobierno debe explicar qué se prometió, qué se terminó, cuánto terminó costando, cuánto se financió mediante deuda, qué continúa pendiente y qué resultados concretos recibió la población», manifestó Holguín.
El titular de la Secretaría de Seguridad Vial concluyó que el verdadero legado de una política de movilidad no se mide solamente por las obras construidas, sino por los problemas que desaparecen, los riesgos que se eliminan y, fundamentalmente, por las vidas que se logran proteger.
