El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que están llegando a su término los plazos acordados para buscar una salida al conflicto generado por los altos costos que representan para las estaciones de combustibles los servicios de verifón utilizados para las transacciones con tarjetas bancarias.
Pérez manifestó que por esa razón la organización ha convocado nuevamente a sus estructuras regionales para adoptar una decisión definitiva y que, si no se alcanza una solución satisfactoria, Anadegas contempla retirar los dispositivos de las estaciones afiliadas de manera coordinada.
«Los verifones serán retirados todos y al mismo tiempo en nuestra 780 estaciones. Simplemente no pagaremos a esas empresas financieras el 27 % de nuestros beneficios brutos», amenazó.
- Sostuvo que, aunque Anadegas ha respetado la tregua y los plazos establecidos para propiciar un entendimiento y sincerar los cobros por el uso de estos dispositivos, la posición del sector no ha variado y reafirmó que los detallistas de combustibles no están dispuestos a continuar pagando cargas que consideran excesivas a las empresas financieras propietarias de las tres principales marcas proveedoras del servicio.
Declaró que el sector se encuentra entre los que más caro pagan por este servicio en comparación con otros países de la región, situación que, a su juicio, coloca una presión adicional sobre la rentabilidad de las estaciones de combustibles.
Intervención oficial
El titular de Anadegas explicó que la organización ha cumplido con los plazos acordados mantenido una actitud abierta al diálogo, precisamente para permitir que las autoridades y los representantes de las empresas financieras pudieran encontrar una fórmula que permita reducir las cargas que afectan a los detallistas.
Recordó que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, demostró interés en propiciar una solución mediante el diálogo.
Anadegas ha valorado la disposición de las autoridades para intervenir en el conflicto, pero insiste en que cualquier acuerdo debe producir una reducción real y sostenible de los costos que pagan las estaciones por las transacciones electrónicas.
