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El alto nivel de abstención registrado en las elecciones de 2024 encendió una alarma sobre la involucración de la ciudadanía en la República Dominicana; Pablo Vicente, al frente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), sostiene que ya es hora de pasar del estudio a la elaboración de una estrategia concreta antes de los comicios de 2028.
Vicente fundamenta su planteamiento en los resultados del informe sobre abstención electoral preparado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) mediante la Comisión de Apoyo al Proceso Electoral (CAPEL), a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE). El documento muestra que la abstención llegó al 45.6 % en 2024, mientras la participación nacional se situó en 58.6 %; entre los dominicanos residentes en el exterior la cifra descendió a solo un 19 %.
El líder de la sociedad civil advierte que el mayor riesgo es que ese diagnóstico quede relegado a un simple papel sin aplicación práctica. Por eso, enfatiza la urgencia de diseñar una hoja de ruta que delimite responsabilidades, establezca prioridades y defina acciones concretas para combatir las causas de la abstención antes de las elecciones de 2028.
De acuerdo con Vicente, los números revelan que el alejamiento de las urnas no se debe exclusivamente a la apatía. Un 47 % de los encuestados señaló que las propuestas políticas son “más de lo mismo”, mientras que un 74 % sigue respaldando la democracia como forma de gobierno, lo que abre una oportunidad para promover cambios que respondan a esas expectativas.
El experto en derecho electoral y docente universitario aclara que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la JCE. Reconoce su rol en la accesibilidad, la educación cívica y la organización del proceso, pero también demanda que los partidos y sus candidatos asuman su parte, enfocándose en recuperar la confianza ciudadana, reforzar la educación cívica, alinear sus propuestas con las demandas sociales, eliminar obstáculos al voto y facilitar progresivamente la participación de los dominicanos en el exterior.
Por último, Vicente sugiere que la hoja de ruta se construya de forma colaborativa entre la JCE, los partidos políticos, la sociedad civil, la academia y otros actores relevantes, estableciendo metas precisas y mecanismos de seguimiento. Advierte que esperar hasta 2028 sería un error; el tiempo es suficiente para actuar, pero no se debe postergar la puesta en marcha de políticas que revitalicen la participación electoral.
