ENTRE2NEWS
El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) se dieron cita para repasar los logros alcanzados y los asuntos pendientes que permitan afianzar un sistema penal especializado, restaurativo y orientado a la reintegración social de los menores.
El encuentro se insertó en el marco del panel “El Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, un espacio que reunió a juristas, operadores judiciales, académicos y a representantes vinculados a la atención de adolescentes en conflicto con la ley.
Durante la jornada, los participantes examinaron los lineamientos contenidos en el Libro III del anteproyecto de reforma, señalando los temas que aún requieren mayor estudio para perfeccionar la respuesta estatal ante los jóvenes infractores.
El rector de UNAPEC abrió la sesión con unas palabras de bienvenida, resaltando que la comunidad universitaria debe estar presente en los debates que marcan el futuro del país.
Pérez Vega, rector, sostuvo que la misión de la universidad trasciende la formación técnica; también debe forjar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el desarrollo humano.
En particular, invitó a los estudiantes de Derecho a concebir la disciplina no solo como estudio de normas, sino como una herramienta esencial para defender la dignidad humana, garantizar derechos y contribuir a una transformación social positiva.
“Confiamos en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las instituciones de nuestro país”, afirmó al concluir su intervención.
La presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia Jeannette Pérez Peña, recordó que los trabajos de reforma se iniciaron hace más de un año y cuentan con el respaldo de un Comité Consultivo de Alto Nivel.
Dicho comité está integrado por GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), CONANI, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, UNICEF y Visión Mundial.
Pérez Peña añadió que más de setenta instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en consultas y validaciones técnicas de la propuesta, subrayando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida.
Los consultores encargados de las modificaciones al Libro III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, presentaron los enfoques principales, entre los que resaltan el refuerzo del carácter especializado del sistema y la incorporación de mecanismos orientados a la responsabilidad y la reinserción.
Explicaron que la respuesta a una infracción cometida por un adolescente debe diferir de la aplicada a un adulto, tomando en cuenta su etapa de desarrollo y posibles vulnerabilidades, con el objetivo de no limitarse al castigo sino también reducir la reincidencia y abrir oportunidades de reintegración.
Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los avances de la propuesta y señaló que aún es necesario precisar la actuación del sistema frente a menores inimputables, definir con claridad las salas competentes y establecer mecanismos de acompañamiento para niños migrantes o sin documentación.
El director nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), Guerrero, explicó el funcionamiento de los centros destinados a esta población y destacó la importancia de crear mecanismos de seguimiento posterior a la salida, garantizando una reintegración efectiva y una segunda oportunidad.
El panel fue conducido por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y forma parte de las acciones de socialización y validación que se están llevando a cabo dentro del proceso de reforma y actualización de la Ley 136‑03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
