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El partido Fuerza del Pueblo (FP) ha solicitado al Ejecutivo la puesta en marcha de un programa integral que haga frente a la sequía que se vive actualmente y a la escasez de agua que afecta a acueductos, agricultura, ganadería, sistemas de riego, embalses y la vida cotidiana de miles de dominicanos.
La iniciativa fue presentada en una rueda de prensa conjunta por Hamlet Otáñez, titular de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento, y Arturo Socías, responsable de la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Fuerza del Pueblo, quienes describieron una serie de medidas destinadas a proteger las fuentes hídricas, optimizar la gestión de cuencas y garantizar el abastecimiento a la población.
Otáñez manifestó que la coyuntura no tomó por sorpresa a las autoridades, pues desde 2025 organismos internacionales venían recomendando a los países prepararse ante el estrés hídrico mediante planificación, protección de fuentes, reducción de pérdidas y reservas financieras. Recordó, además, que el presidente Luis Abinader participó el 21 de agosto de 2025 en Santo Domingo en un diálogo de la FAO y el SICA sobre seguridad alimentaria, agua y resiliencia frente a la sequía.
“El Gobierno conocía el riesgo”, afirmó Otáñez, quien cuestionó que, pese a esas advertencias, el Presupuesto General del Estado de 2026 no incluyera una partida preventiva específica para enfrentar los efectos de El Niño o una eventual sequía, y que la reformulación presupuestaria posterior tampoco identificara un programa concreto para esos fines. Señaló, además, que la asignación presupuestaria destinada al riego para 2026 fue 17.7 % menor que la prevista para 2025.
Frente a este panorama, la Fuerza del Pueblo exigió la presentación de un Plan Nacional contra la Sequía, con medidas concretas, responsables, metas, cronograma y recursos claramente definidos. También propuso crear una reserva financiera específica que permita disponer rápidamente de fondos para pozos, bombas, tuberías, reparaciones, tanques y abastecimiento de emergencia.
Arturo Socías advirtió que los impactos de la sequía se intensifican cuando, a lo largo de los años, se degradan las cuencas productoras de agua, se pierde la cobertura vegetal, aumentan los incendios, la erosión del suelo, la extracción ilegal de materiales de los ríos, la ocupación de zonas ribereñas y los vertidos contaminantes, lo que disminuye la capacidad de las cuencas para captar, infiltrar y regular el agua en períodos secos.
Desde la Secretaría de Gestión de Cuencas Hidrográficas, Socías planteó activar un Plan Nacional de Sequía por cuencas; proteger y restaurar las áreas productoras de agua; combatir la extracción ilícita de materiales y los vertidos contaminantes; coordinar con las juntas de regantes el uso del recurso y los calendarios de siembra; reparar canales, compuertas y reservorios; y publicar semanalmente información sobre la cantidad y calidad del agua disponible.
El dirigente también hizo referencia a infraestructuras estratégicas como el proyecto multipropósito de Monte Grande, inaugurado en enero de 2024, señalando que aún le faltan componentes esenciales para aprovechar integralmente el agua almacenada, sobre todo en lo relativo a conducción y riego. En cuanto a la presa de Hatillo, sostuvo que los reportes sobre cambios de color, proliferación de algas y posibles problemas de calidad requieren vigilancia permanente y divulgación pública transparente por parte de las autoridades.
En materia de agua potable, Otáñez sostuvo que faltó anticipación y señaló que no existe evidencia pública de que las alertas meteorológicas se tradujeron en un plan preventivo, presupuestado y verificable para el INAPA, la CAASD, CORAASAN y demás prestadoras. Explicó que prepararse ante una sequía implica anticipar los déficits, reducir pérdidas en las redes, rehabilitar fuentes alternativas, incrementar el almacenamiento e interconectar sistemas antes de que los niveles críticos se alcancen.
La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento propuso, entre otras acciones, activar planes de contingencia en todas las prestadoras; monitorear semanalmente fuentes, producción, demanda y riesgo de déficit; ejecutar un programa extraordinario para disminuir fugas y pérdidas; rehabilitar pozos y fuentes alternativas; acelerar las interconexiones entre sistemas; ampliar el almacenamiento estratégico y preparar, desde ya, mecanismos de distribución de emergencia.
La organización puso especial énfasis en las pérdidas de agua provocadas por fugas, averías, redes deterioradas y deficiencias operativas. Otáñez remarcó que cada galón perdido bajo esas condiciones se traduce en agua que luego deberá obtenerse mediante pozos, bombeo desde otras fuentes o camiones cisterna, por lo que la reducción de pérdidas debe convertirse en una prioridad nacional.
Fuerza del Pueblo sostuvo que la situación hídrica no debe tratarse únicamente como un fenómeno meteorológico y llamó a combinar la protección de cuencas con una administración eficiente del recurso disponible, inversión preventiva, información transparente y decisiones oportunas. En ese sentido, planteó que la prioridad debe centrarse en proteger las fuentes, conservar el agua existente y garantizar el suministro para consumo humano y producción alimentaria.
Al concluir la intervención, Otáñez resumió la postura del partido: “El agua debe administrarse antes de que falte, no después de que la crisis ya esté en las casas de la gente”. La Fuerza del Pueblo reiteró su solicitud para que el Gobierno publique un Plan Nacional frente a la Sequía con medidas, responsables, metas, cronograma y recursos claramente identificados.
