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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expuso este lunes cinco iniciativas orientadas a aliviar la actual crisis del arroz, al mismo tiempo que criticó la reciente derogación del Decreto 693‑24 mediante el Decreto 635‑26, suscrita en la gestión presidencial. La agrupación exigió iniciar negociaciones formales con Estados Unidos y diseñar un plan de modernización que proteja a más de 30 000 productores del rubro.
Como primera propuesta, solicita la creación de una Mesa Nacional de Negociación que incluya a productores, gremios, autoridades y representantes del comercio, con el fin de consensuar soluciones inmediatas y atender la urgencia del problema.
En segundo lugar, el PLD pide una evaluación integral de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, requiriendo una rendición de cuentas que detalle las acciones tomadas, sus resultados y los aprendizajes, para corregir desviaciones y ajustar la estrategia futura.
Asimismo, la organización insta a abrir negociaciones formales con Estados Unidos, con el objetivo de revisar los compromisos comerciales que, según el partido, están minando la competitividad de la producción nacional y amenazan la seguridad alimentaria del país.
La cuarta medida corresponde a un programa extraordinario de modernización que busca impulsar la productividad y la competitividad mediante la incorporación de tecnologías, la mejora de infraestructuras y el acompañamiento técnico a los agricultores dominicanos.
Por último, el PLD exige al presidente presentar un plan de contingencia que incluya acciones concretas, un calendario de ejecución y un presupuesto definido, garantizando la rentabilidad de los agricultores y manteniendo el arroz a precios accesibles para las familias. Como afirmó su vocero, «Con el arroz dominicano no se juega», subrayando la necesidad de decisiones que reduzcan la incertidumbre y protejan la producción nacional frente a los compromisos comerciales vigentes.
La agrupación recordó que, en sus gestiones anteriores, impulsó mejoras genéticas, incrementó la productividad, modernizó infraestructuras, facilitó financiamiento agrícola, fortaleció la comercialización y gestionó la diplomacia agropecuaria. Señaló que estos componentes deben integrarse en una estrategia global que permita a los más de 30 000 productores, quienes generan más de 300 000 empleos directos e indirectos, competir en igualdad de condiciones y salvaguardar la soberanía alimentaria de la República.
