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La Fuerza del Pueblo, mediante su Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos, entregó una propuesta legislativa cuyo objetivo es reformar la normativa nacional para establecer penas de hasta 30 años de prisión a quienes introduzcan armas, municiones y equipos bélicos destinados a Haití.
Orlando Espinosa, titular de dicha secretaría, advirtió que los métodos que emplean las organizaciones criminales evidencian la necesidad de reforzar los controles aduaneros y replantear la respuesta penal, sobre todo cuando se vulnera la seguridad del país.
Según explicó el funcionario, la Ley General de Aduanas 168‑21 contempla como máximo diez años de cárcel para ciertos tipos de contrabando agravado, mientras que la Ley 631‑16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados permite sanciones de hasta 30 años cuando se trata de desvío de material oficial.
Espinosa sostuvo que seguir combatiendo las nuevas modalidades del crimen organizado con normas diseñadas para el contrabando comercial tradicional resulta insuficiente, pues las redes delictivas han demostrado una creciente capacidad para explotar los canales del comercio internacional en actividades que amenazan la seguridad nacional.
En este marco, señaló que bajo la gestión actual del Partido Revolucionario Moderno se han identificado casos de municiones de origen militar dominicano en poder de grupos criminales haitianos, una situación que, a su juicio, exige respuestas institucionales más contundentes.
“Resultaba difícil imaginar que municiones destinadas a la defensa de la República Dominicana pudieran terminar en manos de bandas armadas haitianas. Sin embargo, bajo la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estamos frente a una realidad que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad del crimen organizado. A esto se suman los casos de narcotráfico que han involucrado a dirigentes y legisladores del PRM, situaciones que también demandan explicaciones y responsabilidades. Lo que antes podía considerarse un problema de contrabando comercial hoy plantea desafíos que comprometen directamente la seguridad nacional”, expresó Espinosa.
El titular de Asuntos Aduanales y Puertos indicó que esa circunstancia obliga al Congreso a revisar de forma urgente la legislación vigente, para impedir que las organizaciones dedicadas al tráfico de armamento se aprovechen de regímenes penales menos severos al operar a través de los puertos y aduanas.
Como muestra de los modos de tráfico, citó los informes del Panel de Expertos de la ONU sobre Haití, que describieron la incautación en el puerto de Haina de un contenedor procedente de Miami, declarado como ajuares del hogar, y que contenía 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
Rememoró también el caso de un segundo teniente del Ejército dominicano detenido junto a un ciudadano haitiano mientras transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la provincia de San Juan, hecho que ilustra los peligros del tráfico terrestre de municiones.
Espinosa recordó que los reportes de la ONU documentan la existencia de municiones con la sigla ERD, correspondientes al Ejército de República Dominicana, apoderadas por grupos criminales haitianos, entre ellos la banda 400 Mawozo.
Frente a estos hechos, sostuvo que las investigaciones deben ir más allá de los simples transportistas y alcanzar a los organizadores, financiadores y beneficiarios de estas operaciones, así como a cualquier funcionario cuya participación pueda probarse mediante los procesos judiciales.
Entre las propuestas, destaca la alineación de las sanciones previstas en la normativa aduanera con la Ley de Armas, el endurecimiento de las penas por reincidencia y la incorporación de medidas accesorias, como la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la confiscación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
El dirigente concluyó que estas actividades requieren una respuesta penal acorde a su gravedad, pues el tráfico ilícito de armamento supera el simple contrabando comercial y representa una amenaza directa a la soberanía, la seguridad pública y la estabilidad del país; recordó además que la Fuerza del Pueblo ha exigido previamente una mayor fiscalización de los flujos internacionales, acciones contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas dentro del territorio nacional, y llamó a las autoridades a ofrecer explicaciones claras sobre las medidas adoptadas para evitar que puertos, aduanas y plataformas logísticas sirvan a organizaciones de tráfico ilegal de armas.
