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La Dirección General de Migración, junto a la Procuraduría General de la República, eliminó más de 56 mil anotaciones que impedían la salida del país sin contar con una orden judicial.
Estas anotaciones, acumuladas desde 1990, demostraron la existencia de procedimientos administrativos que restringían la movilidad de los dominicanos sin respaldo de la autoridad judicial competente.
Su supresión representa un paso importante para corregir irregularidades que se habían mantenido por años dentro del sistema migratorio y que pudieron impedir a muchos ciudadanos viajar al exterior sin justificación legal.
El hecho genera interrogantes acerca del origen de esas prohibiciones, por qué se mantuvieron tanto tiempo y cuál es la responsabilidad de las instituciones que permitieron su permanencia.
Resulta alarmante que gran parte de los afectados ni siquiera supieran que sus nombres estaban registrados en una alerta que les prohibía salir del territorio.
En numerosos casos, los dominicanos pudieron haber desconocido la existencia de una restricción que, de haber sido conocida, les habría impedido emprender viajes fuera de la isla.
Esta situación reviste gravedad porque una prohibición de salida no equivale a un simple trámite, sino que afecta directamente el derecho fundamental de libre tránsito y repercute en la vida familiar, laboral y económica de la persona.
La existencia de limitaciones sin una orden judicial válida trasciende lo meramente migratorio y obliga a analizar el respeto a las garantías constitucionales por parte de las entidades públicas.
La medida surge gracias a la iniciativa del director general de Migración, el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien lideró una acción coordinada con la Procuraduría para revisar y eliminar esos registros.
El hallazgo de que los casos se remontan a 1990 evidencia la necesidad de revisar los procesos empleados por distintas administraciones para crear, mantener y actualizar las alertas que bloqueaban la salida de los ciudadanos.
Con el apoyo de la Procuraduría, se logró depurar más de 56 mil casos, lo que abre la puerta a evaluar si otras decisiones administrativas del pasado vulneraron derechos fundamentales y a implantar mecanismos que eviten su repetición.
Esta revisión también debe servir para fortalecer los controles internos, asignar responsabilidades cuando sea pertinente y asegurar que cualquier restricción al tránsito esté sustentada en una norma legal y en la decisión de la autoridad competente.
En un Estado de derecho, ninguna institución puede mantener a una persona bajo una prohibición que no pueda respaldar jurídicamente; los controles migratorios son necesarios, pero no deben convertirse en instrumentos de limitación arbitraria.
La supresión de estas barreras revive también otras prácticas cuestionables, como fichas policiales que siguen vinculadas a ciudadanos sin justificación legal suficiente o sin una evaluación actualizada de sus antecedentes.
La eliminación de más de 56 mil registros envía un mensaje claro: las limitaciones a los derechos de los dominicanos no pueden sostenerse por inercia administrativa, errores acumulados o decisiones sin fundamento jurídico; deben respetar la Constitución, la ley y los principios de transparencia y responsabilidad pública.
