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La tradicional vista de los carruajes tirados por caballos recorriendo los caminos de Central Park está a punto de desaparecer. El Concejo Municipal de la ciudad aprobó una ordenanza que ordena el cese definitivo de este atractivo turístico a partir de junio de 2028, poniendo fin a una costumbre que se remonta a casi 150 años y que en los últimos años ha sido objeto de controversia por motivos de seguridad, trato animal y derechos laborales.
La votación cerró con 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, lo que supuso una victoria para los colectivos a favor de los animales, aunque simultáneamente encendió un nuevo punto de fricción con los conductores que dependen de los ingresos que generan los paseos.
Algunos legisladores propusieron posponer la prohibición hasta 2030, pero la propuesta no prosperó. La norma, conocida como Ley de Romanch, queda pendiente de la firma del alcalde Zohran Mamdani para entrar en vigor.
El texto legal dispone la suspensión inmediata de la emisión de nuevas licencias para operar carruajes y fija el cierre definitivo del servicio para junio de 2028. Además, incluye programas de apoyo y orientación laboral destinados a facilitar la transición de los trabajadores que viven de esta actividad.
Un accidente mortal impulsó el debate: el 17 de junio, el turista de 18 años Romanch Mahajan perdió la vida en un incidente vinculado a un carruaje dentro del parque, marcando el primer fallecimiento de este tipo en la historia del sector.
El trágico suceso reavivó una discusión que lleva casi dos décadas en la agenda municipal. La familia del joven y diversas organizaciones animalistas intensificaron sus reclamos para que las autoridades pongan fin a una práctica que consideran peligrosa tanto para los caballos como para los visitantes.
Las preocupaciones por el bienestar de los animales se habían acumulado en años anteriores, con varios episodios en los que caballos utilizados en los tours colapsaron o murieron por enfermedades o intoxicaciones, provocando indignación popular y reforzando las demandas de eliminación del servicio.
La presidenta del Concejo, Julie Menin, alcanzó un acuerdo con el alcalde Mamdani sobre el contenido de la legislación, que ahora depende de su firma. Menin defendió las cláusulas de asistencia, señalando que los conductores contarán con un período de transición de aproximadamente 18 meses para buscar otras oportunidades laborales con apoyo público, y garantizó que se evitará que los caballos terminen en mataderos.
Alrededor de 200 trabajadores vinculados a los carruajes, en su mayoría inmigrantes o descendientes de inmigrantes, temen perder su principal fuente de ingresos. Muchos contrajeron deudas para adquirir licencias y montar sus negocios, por lo que consideran que la prohibición amenaza su estabilidad financiera y no reconoce el esfuerzo invertido durante años.
Aunque el gobierno municipal ha anunciado medidas de apoyo, los empleados sostienen que esas promesas no equivalen a una garantía de empleo ni aseguran una compensación suficiente por las pérdidas potenciales. El sindicato Transport Workers Alliance (TWA), que representa al sector, anunció que presentará una impugnación ante un tribunal federal, argumentando que la norma no brinda protecciones adecuadas y podría entrar en conflicto con disposiciones estatales y federales.
La controversia también generó divisiones dentro del propio Concejo; la concejala Joann Ariola retiró su apoyo a la iniciativa al considerar que los trabajadores deberían contar con alternativas concretas antes de perder su sustento principal. De prosperar el recurso judicial, la disputa podría alargarse y complicar la aplicación del calendario establecido.
La medida trascendió el ámbito local y provocó reacciones a nivel nacional. El expresidente Donald Trump, nacido en Nueva York, criticó la prohibición en redes sociales, cuestionando que un accidente sirviera de base para eliminar una actividad histórica y comparándolo con los accidentes automovilísticos que ocurren alrededor del parque sin que se suspenda el tránsito vehicular.
Por su parte, las organizaciones defensoras de los animales celebraron la votación como un avance decisivo. PETA anunció una donación de 50,000 dólares para contribuir a la jubilación de los caballos, mientras NYCLASS abogó por su traslado a granjas de rescate donde puedan vivir alejados de la actividad turística. Las autoridades deberán materializar las garantías anunciadas y establecer mecanismos de supervisión para asegurar su cumplimiento.
El fin de los carruajes supondrá una transformación visible en la oferta turística de Manhattan. Durante generaciones, los paseos a caballo han sido una de las imágenes más reconocibles de Central Park, junto a sus senderos, lagos y áreas verdes.
Con esta decisión, Nueva York se unirá a otras ciudades estadounidenses que ya han limitado o prohibido los carruajes tirados por caballos, como Filadelfia, Chicago y San Antonio.
Para sus defensores, la norma representa una actualización necesaria de las políticas de seguridad y protección animal frente a una tradición que consideran incompatible con las exigencias actuales. Para los conductores, en cambio, el cambio amenaza una actividad que durante décadas ha generado ingresos a numerosas familias.
La aprobación de la legislación establece un horizonte para el término de los carruajes, pero deja abiertas interrogantes sobre la batalla judicial, la compensación a los empleados y el destino de los caballos. Si el calendario se cumple, en junio de 2028 Central Park dirá adiós a una de sus estampas más emblemáticas, aunque la ciudad deberá equilibrar la protección animal con una salida económica justa para quienes han dependido de esta tradición.
