ENTRE2NEWS
Una coalición conformada por ocho asociaciones de docentes y sindicatos presentó una demanda con la finalidad de bloquear la implementación de una normativa que afecta los requisitos de los visados otorgados a estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio cultural y profesionales de los medios extranjeros.
Los demandantes pidieron a un tribunal federal de Massachusetts que suspenda la puesta en marcha de la regla, la cual reduciría el tiempo legal de permanencia de los extranjeros que ingresan a EE.UU. bajo los visados F (estudiantes universitarios), J (intercambio académico) e I (representantes de medios).
De acuerdo con la disposición, que está prevista para entrar en vigor el próximo mes, los titulares de visas F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada ciclo de admisión. En el caso de los periodistas con visa I, la estancia quedará limitada a un máximo de 240 días, aunque podrán solicitar prórrogas; los profesionales provenientes de China verán su permanencia reducida a tan solo 90 días.
La coalición argumenta que la medida vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, pues el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no realizó una evaluación adecuada de costos y beneficios, no dio una respuesta sustancial a los comentarios del público y no consideró alternativas menos gravosas, entre otras omisiones señaladas en su comunicado. Asimismo, sostienen que el DHS excedió su autoridad legal y que no se llevó a cabo un periodo de consulta pública suficiente antes de emitir la regla.
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA) y portavoz de la demanda, afirmó que la normativa «menoscabará gravemente» las aportaciones que los estudiantes internacionales hacen a los campus, a la economía y a la seguridad nacional de EE.UU., por lo que es imperativo detener su aplicación. Por su parte, Jon Schleuss, presidente del sindicato más grande de trabajadores de medios en EE.UU., calificó los cambios propuestos a los visados de periodistas como «un intento más de la administración Trump» para restringir la labor de la prensa extranjera.


