El Ministerio Público apelará la sentencia del tribunal de Puerto Plata que, en un nuevo juicio, declaró culpable a Wander Samuel Franco Aybar de abusar psicológica y sexualmente de una adolescente, y que a la vez, le exime la pena, al otorgarle un perdón judicial.
El proceso fue conocido por un tribunal colegiado ad hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo preside, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.
La madre de la adolescente, también procesada por el caso, fue condenada a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago, tras demostrarse la acusación por explotación sexual comercial y lavado de activos presentada por el Ministerio Público.
Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán, de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Fiscalía de Puerto Plata, respectivamente, destacaron que el tribunal haya valorado las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
“Lo veníamos advirtiendo desde el inicio: las pruebas presentadas por el Ministerio Público son claras, contundentes y plenamente vinculantes. Las defensas, lejos de desvirtuarlas, se limitaron a montar un teatro argumentativo con el único propósito de intentar confundir al tribunal”, dijo Cordero Jiménez.
“Lo dijimos desde el principio: la prueba habla por sí sola. La defensa no desmontó ni una sola evidencia; únicamente construyó un espectáculo para tratar de sembrar confusión ante el tribunal”, enfatizó.
En ese mismo orden, el fiscal Martínez Montán dijo: “el Ministerio Público probó su acusación y la probó más allá de toda duda razonable, en el sentido de que el Ministerio Público está conteste con el tribunal en base a que valoró los medios de prueba y entendió que el Ministerio Público tenía razón”.
“El Ministerio Público siempre mantuvo que tenía pruebas para establecer los hechos y la participación de ambos imputados y así pasó”, sostuvo.
Los fiscales indicaron que deben esperar la sentencia íntegra para estudiarla y determinar si procederá a recurrirla.
La madre de la adolescente, también procesada por el caso, fue condenada como solicitó el Ministerio Público a 10 años de prisión y al pago de una multa de 25 salarios mínimos por incurrir en explotación sexual comercial y lavado de activos. Además, se ordenó el decomiso de los bienes ocupados en el proceso, excepto el certificado financiero, que el tribunal ordenó que le fuera entregado a la menor de edad.
Asimismo, como solicitó el órgano acusador, el tribunal ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la acusada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, y un carro del año 2023, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.
Tras el inicio del nuevo juicio los fiscales procedieron a la reproducción de más de un centenar de pruebas documentales, periciales, audiovisuales e ilustrativa, así como materiales y testimoniales, entre ellos, varios peritos, con los que quedó demostrada la acusación del Ministerio Público.
Sentencia anterior
Franco Aybar fue condenado en 2025 a dos años de prisión con suspensión de la pena, estableciendo el tribunal, entre otros, que no se acercara a adolescentes con fines sexuales y en caso de incumplimiento de la medida ordenó que cumpliera la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe de Puerto Plata.
El Ministerio Público pidió en el nuevo juicio que se le aumentara la pena a cinco años de prisión y que el procesado la cumpliera recluido en un centro penitenciario.
En tanto que la madre de la adolescente fue condenada a 10 años de prisión en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, así como al pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos.
Con relación a la madre de la adolescente, se ordenó el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, RD$2,100,000 que se encuentran depositado en el Banco Agrícola de la República Dominicana, sucursal Puerto Plata, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos.
