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SANTO DOMINGO – La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIAL‑FP) ha puesto en tela de juicio los resultados del programa social Moto‑Beneficio (MOTOBEN) y ha instado al Ejecutivo a transparentar la gestión de los fondos públicos asignados a esta iniciativa para los motoconchistas.
Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial Erick Mejía Merán, en representación de una comisión de la SESVIAL‑FP, solicitó al Gobierno que aclare cuál fue la meta inicial de MOTOBEN, el monto total invertido desde su inicio, quiénes han sido los beneficiados y los resultados concretos que el programa ha producido.
“Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar MOTOBEN”, expresó Mejía Merán, acompañado por los vicesecretarios comisionados Rosa Mezquita, Julio Adalmis de la Rosa Féliz y Arístides Heredia, este último coordinador de la comisión que ha venido siguiendo el programa.
El funcionario puntualizó que la SESVIAL‑FP pretende precisar la finalidad actual del proyecto, los objetivos que se fijaron y el nivel de cumplimiento de los propósitos para los cuales fue creado.
Indicó que los interrogantes surgieron a raíz de una investigación interna de la comisión y de una solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual se pidieron datos sobre los recursos asignados y ejecutados, las fuentes de financiamiento, los beneficiarios, los criterios de selección, las instituciones responsables, los mecanismos de ejecución y los resultados alcanzados.
“Hay una pregunta fundamental que el Gobierno debe responder: ¿MOTOBEN está cumpliendo realmente la finalidad para la cual fue creado?”, indagó Mejía Merán.
Aclaró que la petición no constituye una acusación de corrupción o malversación contra funcionarios o entidades, sino una exigencia de mayor transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos públicos.
“Si se han destinado recursos públicos a los motociclistas, el país tiene derecho a conocer cuánto se ha invertido, cómo se ha utilizado, quiénes han sido beneficiados, qué objetivos se han alcanzado y qué resultados pueden ser comprobados”, afirmó.
Mejía Merán sostuvo que los motoconchistas requieren algo más que simples anuncios o programas en papel; necesitan políticas públicas efectivas y medibles, cuyos efectos se reflejen en la seguridad vial, la formalización, las condiciones laborales y la calidad de vida.
En ese sentido, en nombre de la Fuerza del Pueblo, solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que realice una auditoría especial sobre los recursos públicos destinados entre 2020 y 2026 a programas, proyectos, subsidios y acciones dirigidos a los motociclistas dominicanos.
Asimismo, reclamó la entrega de un informe público que permita evaluar la ejecución financiera de dichos recursos y determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados, respetando la protección de datos personales establecida por la normativa.
La comisión anunció que continuará monitoreando MOTOBEN y seguirá exigiendo la información necesaria para determinar el alcance, la ejecución y los resultados obtenidos por el programa.
“Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados. Defender a los motociclistas también significa exigir que los recursos destinados a ellos sean transparentes, que los programas cumplan su propósito y que el Gobierno pueda demostrar, con hechos, sus resultados”, concluyó Mejía Merán.
