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Delcy Rodríguez, quien ejerce la presidencia interina de Venezuela, ha instado al Parlamento a modificar de forma parcial la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», promulgada en 2017. La principal coalición opositora la califica como parte de un «marco legal represivo» y diversas organizaciones no gubernamentales la acusan de haber servido para perseguir a periodistas y vulnerar la libertad de expresión.
En una carta difundida este martes a través de su canal de Telegram, aunque con fecha del lunes anterior, la mandataria detalló que la reforma que propone pretende «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en la norma. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas gubernamentales destinadas a «transformar el sistema de justicia penal» y a «favorecer el reencuentro y convivencia democrática» en el territorio nacional.
El escrito, dirigido a su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, subrayó que la propuesta tendría un impacto positivo en la reconstrucción de la confianza institucional y en la dinamización de la vida democrática, por lo que solicitó que se estudie con carácter de urgencia.
En febrero del presente año, Jorge Rodríguez admitió públicamente que la ley contra el odio había sido utilizada de manera indebida y declaró que una reforma era viable.
La normativa fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, órgano chavista creado ese mismo año mientras coexistía con un Parlamento mayoritariamente opositor, en medio de una profunda crisis política y protestas masivas.
Su sanción respondió a una solicitud directa del entonces presidente Nicolás Maduro, quien pretendía detener los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, alimentaron la oleada de protestas que sacudió al país entre abril y agosto de ese año.
El cuerpo legal contempla penas de hasta 20 años de prisión por los denominados «delitos de odio» y ha sido duramente criticado por defensores de derechos humanos y ONG, entre ellas Espacio Público, que en 2023 la describió como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».
La petición de reforma se plantea como un paso necesario para restablecer la credibilidad de las instituciones y reforzar la participación democrática en Venezuela.
